La literatura fantástica, la ciencia ficción y las historias distópicas creadas en Costa Rica tendrán un espacio en Comic Con Costa Rica 2026. La convención se celebrará el sábado 24 y el domingo 25 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en Heredia, e incorporará una alianza con BOOKAFEST, una feria dedicada a los autores y emprendimientos independientes del país.

Esta colaboración acercará la producción literaria nacional a los seguidores de los cómics, el manga, la animación y los videojuegos. Los asistentes podrán descubrir libros de escritores costarricenses y conocer propuestas que abarcan diferentes géneros, desde la fantasía y la aventura hasta la ficción distópica.

La iniciativa representa una nueva oportunidad para dar visibilidad a las publicaciones independientes y conectar a sus creadores con lectores interesados en los universos imaginarios y las historias que también forman parte de la cultura popular.

BOOKAFEST llevará autores y editoriales nacionales a Comic Con

Daniel Fernández Masís, fundador y organizador de BOOKAFEST, completará la representación con títulos como Testigo de mi muerte, Las vidas de un día y Travesía de dos hermanos. Su catálogo abarca el suspenso criminal, los relatos, la aventura y la fantasía distópica.

Entre los participantes estará Le Fernández, autora de Essence, Enlace, Silencio y Única. Su producción literaria combina elementos de fantasía, distopía y romance.

También participará Andrea Zúñiga, creadora de la trilogía juvenil Aryadians, que reúne acción, aventura y fantasía. Por su parte, Floria Álvarez presentará su trabajo relacionado con la saga fantástica El regreso de las reinas, compuesta por los libros Aire, Tierra y Fuego.

Por otra parte, editorial independiente Geniality+ también formará parte de la actividad. Su catálogo incluye obras de autores emergentes, entre ellas Otrevor: Herederos de la luz y las sombras, de Luis Roberto Rodríguez. La presencia de estos participantes permitirá que el público conozca distintas propuestas de la literatura costarricense y explore publicaciones que no siempre forman parte de los circuitos editoriales tradicionales.

Invitados internacionales y actividades de cultura pop

La programación de Comic Con Costa Rica 2026 también incluirá figuras internacionales relacionadas con algunas de las franquicias más conocidas del entretenimiento. Uno de los invitados será Jeff Ward, actor que interpreta a Buggy en la adaptación de acción real de One Piece, de Netflix.

También es conocido por su participación como Deke Shaw en la serie Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. A él se sumará Jennifer English, actriz de voz reconocida por interpretar a Shadowheart en Baldur’s Gate 3. Su trayectoria también incluye personajes en Elden Ring y Clair Obscur: Expedition 33. La lista de invitados contará, además, con Ryan Drummond, voz original en inglés de Sonic the Hedgehog, y Reed Shannon, actor de voz que ha participado en producciones como Arcane y 2XKO.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los invitados en persona y acceder a espacios para fotografías, autógrafos y encuentros con ellos. La convención también ofrecerá zonas de juego, actividades interactivas y espacios dedicados a diferentes aficiones relacionadas con la cultura pop.

La propuesta incluirá cosplayers invitados y artistas gráficos, que complementarán la programación dirigida a los seguidores de los cómics, los videojuegos, la animación y otras expresiones artísticas.

Una alianza entre literatura y cultura popular

La incorporación de BOOKAFEST amplía la oferta de Comic Con Costa Rica al sumar la literatura independiente a un encuentro que reúne distintas manifestaciones del entretenimiento. La iniciativa también permitirá que los escritores nacionales presenten sus obras ante un público que comparte intereses por la fantasía, la ciencia ficción y los mundos narrativos presentes en los cómics y los videojuegos.

De esta manera, la edición 2026 combinará la participación de figuras internacionales con el trabajo de autores y proyectos editoriales costarricenses. La alianza abre un espacio para descubrir nuevas lecturas y reconocer el aporte de la producción independiente a la cultura nacional.

Fechas, horarios y entradas

Comic Con Costa Rica 2026 se realizará en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en Heredia, durante dos jornadas:

• Sábado 24 de octubre: de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
• Domingo 25 de octubre: de 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Las entradas generales se podrán adquirir mediante la plataforma Kuikpei.com. Habrá opciones para asistir uno o ambos días, así como precios especiales para el Banco Popular y paquetes promocionales. También estará disponible el paquete Neon Club, que contempla acceso durante ambas jornadas, prioridad en las filas y artículos oficiales de colección. Este paquete se ofrecerá mediante FandomTicket.com.

Con la participación de BOOKAFEST, Comic Con Costa Rica 2026 sumará la literatura independiente a su programación y ofrecerá al público la posibilidad de acercarse tanto a las grandes franquicias internacionales como a las historias escritas y publicadas en el país.

Sensorial Sunsets

Conocido popularmente como la Ciudad de las Brujas, Escazú mantiene una relación particular con estas historias. Sus leyendas hablan de mujeres capaces de transformarse en animales, objetos utilizados para lanzar supuestos maleficios y encuentros con seres sobrenaturales en sitios reconocibles del cantón.

Aunque los detalles cambian según la versión que se cuente, estos relatos forman parte del folclore costarricense y permiten conocer cómo las comunidades han interpretado, a través de la imaginación y las creencias populares, aquello que alguna vez les resultó inexplicable.

¿Por qué a Escazú le dicen la Ciudad de las Brujas?

El origen del apodo de Escazú no cuenta con una explicación única y definitivamente comprobada. A lo largo del tiempo han circulado diferentes versiones que intentan explicar cómo nació esta asociación entre el cantón y las historias de brujería.

Una de las interpretaciones populares relaciona esa fama con la presencia de curanderas y mujeres que conocían las propiedades de las plantas medicinales. En comunidades donde los conocimientos tradicionales de sanación ocupaban un lugar importante, algunas de estas prácticas podían despertar sospechas y alimentar relatos sobre supuestos poderes sobrenaturales.

Otra versión, recogida en publicaciones dedicadas a la historia y el folclore costarricense, vincula la leyenda con reuniones religiosas que habrían sido interpretadas de manera equivocada por otras personas. Sin embargo, esta explicación debe entenderse como parte de las versiones difundidas sobre el origen del apodo, no como un hecho histórico confirmado.

Con independencia de cuál sea su origen, la fama de Escazú terminó incorporándose a la identidad del cantón. La imagen de una bruja que vuela sobre una escoba aparece incluso en su escudo, una representación que refleja la importancia que estas narraciones adquirieron dentro del imaginario local.

María la Negra y las transformaciones sobrenaturales

Entre las historias más conocidas de las brujas de Escazú se encuentra la de María la Negra, un personaje al que se le atribuye la capacidad de adoptar una forma animal para atemorizar a quienes transitaban por los caminos.

Según una versión de la leyenda, María la Negra podía transformarse en un enorme cerdo que aparecía en la ruta que comunicaba Escazú con San José. La criatura supuestamente obstaculizaba el paso de las carretas que transportaban café, una actividad vinculada con la economía costarricense durante el siglo XIX.

La narración convierte un camino cotidiano en el escenario de un encuentro extraño. En una época en la que los viajes dependían de caminos y carretas, la aparición de un animal de características inusuales podía convertirse, dentro del relato popular, en una explicación sobrenatural para situaciones difíciles de comprender.

Como ocurre con muchas leyendas transmitidas oralmente, no existe una única versión de la historia. Sin embargo, la figura de María la Negra permanece asociada con las transformaciones animales y con la creencia de que algunas personas podían ocultar una naturaleza sobrenatural durante la noche.

La Piedra Blanca: un lugar vinculado con la bruja Zárate

En el distrito de San Miguel se encuentra la Piedra Blanca, una formación rocosa que ocupa un lugar destacado en las narraciones tradicionales relacionadas con Escazú. Su importancia dentro del folclore se debe, en parte, a su asociación con la bruja Zárate, uno de los personajes más reconocidos de las leyendas costarricenses.

A Zárate se le atribuyen encantamientos y poderes extraordinarios, y diferentes relatos la sitúan en lugares rocosos que funcionan como refugios o espacios mágicos. La Piedra Blanca de San Miguel figura entre los sitios vinculados con estas narraciones, aunque la bruja también aparece asociada con otros lugares del país.

En algunas versiones locales, la Piedra Blanca es asimismo el hogar de la Tulevieja, otro personaje del imaginario popular costarricense. Una historia cuenta que un campesino consiguió atraparla y la llevó hasta la iglesia de San Miguel Arcángel. Los detalles de este encuentro varían según la versión de la leyenda.

La relación entre estos personajes y la Piedra Blanca ilustra cómo un elemento real del paisaje puede adquirir un significado extraordinario a través de las historias que se cuentan sobre él. Con el paso del tiempo, el lugar deja de ser únicamente una formación natural y se convierte en parte del patrimonio narrativo de la comunidad.

Doña Fustes y la leyenda de los retratos

Otra historia asociada con las brujas de Escazú es la de doña Fustes, conocida también como ña Fustes. Su nombre aparece en relatos sobre maleficios y prácticas sobrenaturales que provocaban temor entre los habitantes.

De acuerdo con la leyenda, doña Fustes podía perjudicar a una persona mediante su retrato. Se decía que introducía alfileres en las imágenes con la intención de causarle daño a quien aparecía representado en ellas. Según la narración, ni las oraciones ni los tratamientos médicos conseguían detener el supuesto maleficio.

La historia alimentó una advertencia popular: tener cuidado al regalar retratos personales, pues estos podían convertirse, según la creencia, en instrumentos para realizar hechizos.

Más allá de sus elementos sobrenaturales, el relato refleja una creencia presente en distintas tradiciones folclóricas: la idea de que una imagen puede mantener una conexión especial con la persona representada. En Escazú, esta creencia quedó vinculada con la figura de doña Fustes y con una historia que ha perdurado a través de las recopilaciones de leyendas.

El negro Zara y sus encuentros con el Micomalo

El negro Zara es otro personaje de las narraciones tradicionales atribuidas a Escazú. La leyenda sostiene que había establecido un pacto con el diablo y que mantenía encuentros con el Micomalo, una figura sobrenatural presente en el folclore costarricense.

Según una versión del relato, ambos conversaban bajo un antiguo higuerón que se encontraba en el sitio donde actualmente está la plaza de Escazú. De esta manera, un espacio conocido por los habitantes se convierte en el escenario de una historia relacionada con fuerzas sobrenaturales.

El árbol ocupa un lugar importante dentro de la narración, pues conecta el paisaje de la comunidad con un pasado legendario. Aunque los acontecimientos no pueden considerarse hechos históricos comprobados, la historia muestra cómo ciertos lugares adquieren un significado especial cuando quedan ligados a personajes y sucesos transmitidos de generación en generación.

El abuelo Talí y otras historias de brujería

Las narraciones relacionadas con Escazú no se limitan a las figuras más conocidas. Algunas recopilaciones también mencionan al abuelo Talí, un personaje vinculado con relatos sobre brujería y secretos familiares.

La presencia de personajes secundarios amplía el repertorio de historias que forman parte de la tradición local. Cada narración incorpora circunstancias, protagonistas y elementos particulares que pueden modificarse según la persona que la cuenta o la recopilación en la que aparece.

Esta variedad es característica de la tradición oral. A diferencia de un relato fijado en una única versión escrita, una leyenda puede cambiar con el tiempo, incorporar nuevos detalles o adquirir significados distintos para quienes la mantienen viva.

Las brujas de Escazú como parte de la identidad cultural

Las leyendas de las brujas de Escazú constituyen mucho más que una colección de historias misteriosas. En ellas se mezclan las creencias populares, las explicaciones sobrenaturales y las experiencias cotidianas de distintas generaciones.

Algunos de estos relatos también permiten reflexionar sobre la manera en que las comunidades percibían a las personas que poseían conocimientos poco comunes, especialmente a quienes practicaban formas tradicionales de curación. Es posible interpretar que, en ciertos contextos, la admiración por esos conocimientos podía coexistir con el temor y la desconfianza. Sin embargo, esta lectura cultural no demuestra que todas las leyendas de Escazú surgieran de situaciones históricas de persecución.

Con el tiempo, la asociación entre el cantón y las brujas pasó a formar parte de su identidad popular. La imagen presente en el escudo y la permanencia de sus personajes en las recopilaciones folclóricas muestran cómo estas narraciones han trascendido el ámbito de los cuentos para convertirse en una referencia reconocible de Escazú.

Las leyendas también permiten comprender la importancia de la tradición oral en la conservación de la memoria colectiva. Los relatos transmitidos por familiares, vecinos y recopiladores mantienen vivas historias que, de otro modo, podrían perderse con el paso de las generaciones.

Así, la Ciudad de las Brujas conserva un vínculo particular con el imaginario sobrenatural costarricense. Las historias de María la Negra, la bruja Zárate, doña Fustes y el negro Zara forman parte de un legado narrativo que invita a explorar el folclore nacional y a descubrir cómo los relatos populares contribuyen a construir la identidad de una comunidad.

Sensorial Sunsets

Esto es sinónimo de gran variedad de alimentos. Desde frutas y vegetales, hasta carnes y mariscos. Dando como resultado la presencia de cuatro regiones culinarias bien definidas por su geografía y desarrollo cultural:

• el Valle Central Occidental y Oriental
• Guanacaste y la Zona Norte
• Puntarenas
• Limón

Mosaico cultural

La historia de Costa Rica es marcada por la influencia de diferentes grupos culturales: desde los indígenas pertenecientes al Área de Mesoamérica y al Área Intermedia, con grandes influencias caribeñas, hasta la llegada de los españoles, quienes a su vez trajeron sefardíes y africanos.

Este mestizaje se vio reflejado en los alimentos: tanto en la variedad de productos como en su elaboración. Los indígenas empleaban principalmente maíz, frijoles, tubérculos (papa, yuca, ñampí…) y ayotes; mientras que con los españoles llegaron la leche, crema, mantequilla, el queso, arroz, trigo, caña de azúcar y nuevos animales.

Posteriormente, gracias a la bonanza del café a mediados del siglo XIX, muchos inmigrantes llegaron al país en los siguientes 100 años (españoles, italianos, sirios, griegos, libaneses, turcos, franceses del sur, estadounidenses, jamaiquinos, arubanos y bahameños, alemanes, británicos, suizos y polacos, asiáticos y, en menor medida mexicanos, nicaragüenses, panameños, cubanos, colombianos, peruanos y argentinos), forjando la pluriculturalidad de la gastronomía costarricense, la cual venía diversificándose desde la precolonización.

Gastronomía autóctona

Todo este mestizaje ha creado una base común a lo largo del país, compuesta primordialmente de preparaciones como el gallo pinto, el casado, los picadillos, la olla de carne, los gallos, las empanadas, el tamal, la fruta fresca y el café.

Claro que cada zona tiene sus características, principalmente guiadas por la presencia de productos específicos y de la influencia cultural. El Caribe, por ejemplo, se caracteriza por sabores fuertes, con notas picantes y dulces, guiadas por el coco, el jengibre, el chile panameño, el plátano, etc., formando el rice & beans, la plantain tart, el rondón, el patí, entre otros.

Mientras que en Guanacaste guían el arroz, el maíz, la carne, los fermentos y el horno de barro, con preparaciones como las tanelas, las chichas y el pozol. Puntarenas, por su parte, se distingue por la frescura y acidez: con los ceviches, el vigorón, el churchill…

En el centro, finalmente, encontramos productos de temporada como el pejibaye, la flor de itabo y el chiverre, que se entrelazan con el maíz, el arroz, los frijoles, el huevo, las carnes, la papa, etc., formando los casados, las empanadas, los gallos, las sopas, entre otras. Toda esta versatilidad nos lleva al ahora.

Un poco de cocina contemporánea

A pesar de contar, como ya hemos visto, de una gran herencia culinaria, los restaurantes de comida costarricense no son muchos. Pero no confundamos la comida típica de la que hablamos en el apartado anterior (honrada por las miles de sodas y restaurantes de típicos a lo largo de todo el país) con restaurantes que buscan reinterpretar, de la mano de producto local, las tradiciones, enfocándose en la creatividad y experiencia.

No obstante, en los últimos años, han surgido propuestas interesantes a lo largo de todo el país. Joan Roca, uno de los mejores chefs del mundo, dijo, en julio de 2020, que “debemos empezar a pensar con una conciencia más sostenible. Reciclar, reutilizar, no desperdiciar tanto los alimentos. Eso va a hacer que la gente haga propuestas auténticas, de su cultura, su tierra, poniendo en valor lo que tiene. Y si eso todos los cocineros lo empezamos a tener claro, va a ser una tendencia: ser auténtico y cocinar lo que tienes cerca. Diferenciarte de otro lugar por hacer lo tuyo, no sólo de tu zona, sino de tu propia manera de entender tu cocina”.

En Costa Rica, poco a poco esta tendencia se ha ido desarrollando cada vez más. De la mano tanto de restaurantes como de los mismos proveedores y productores, quienes buscan generar beneficios a nivel general, con una visión holística, más allá de la comercial. Buscan que su producto destaque por lo que representa, por los encadenamientos que generó y por el proceso creativo que se llevó a cabo para dar con el producto final.

Esto da como resultado mejores productos con procesos más sanos, formando una sinergia entre el cocinero y el productor, permitiendo mayor creatividad e integración.

“ Pero no confundamos la comida típica (…) con restaurantes que buscan reinterpretar, de la mano de producto local, las tradiciones, enfocándose en la creatividad y experiencia.”

Entender el producto es clave para saber emplearlo en la cocina. Por ejemplo, el cas, un fruto muy emblemático de nuestro país, característico por ser refrescante, ácido y dulce a la vez, lo podemos comparar con un limón e introducirlo en ceviches, mezclarlo con mariscos o incluso con proteínas grasas como el cerdo, hacer una barbacoa de cas, entre otras.

Esta tendencia apenas está surgiendo en nuestro país y somos todos responsables de que agarre más fuerza. Podemos hacerlo apoyando al pequeño productor, visitando emprendimientos locales e incentivando a los que buscan, en este caso a través de la gastronomía, hacer algo distinto, destacando el producto nacional.

PARA RECORDAR

• Al contar con más del 5% de la biodiversidad mundial, Costa Rica posee gran variedad de alimentos.
• En Costa Rica, la tendencia a explorar nuevas recetas a base de ingredientes tradicionales está aumentando cada vez más.
• No confundamos “comida típica” con restaurantes que buscan reinterpretar la cocina costarricense.

Fabián Romero Jara
Propietario, Administrador y Chef Cocinero del Restaurante 11.47
IG: 11.47Aranjuez

Un reino diferente

Durante mucho tiempo, los hongos fueron considerados parte del reino de las plantas. La ciencia actual, sin embargo, reconoce que tienen características propias y los clasifica en un reino independiente: Fungi. Una de sus particularidades es la manera en que obtienen nutrientes. En lugar de ingerir los alimentos, los hongos liberan enzimas que descomponen el material que los rodea. Después, absorben los compuestos resultantes.

Los hongos no tienen boca ni estómago. Su cuerpo está formado por estructuras filamentosas llamadas hifas, que se agrupan para formar el micelio. A través de las hifas, liberan enzimas capaces de descomponer el sustrato donde se desarrollan. Este proceso les permite aprovechar nutrientes de materiales como madera y restos vegetales. También poseen características que los acercan más a los animales que a las plantas. Sus paredes celulares contienen quitina, mientras que producen ergosterol, un compuesto diferente al colesterol presente en los animales.

Un inventario que todavía está incompleto

Aunque Costa Rica concentra cerca del 5 % de la biodiversidad mundial, los hongos han recibido menos atención que otros grupos de organismos. Durante años, muchos inventarios de biodiversidad no los incluyeron de manera adecuada. Los esfuerzos de investigación han permitido avanzar en la identificación y documentación de las especies presentes en el país. Contar con estos registros ayuda a conocer la riqueza biológica de Costa Rica y proporciona información útil para estudios de impacto ambiental y conservación.

La cifra de 6 500 especies resulta significativa cuando se compara con otros países. Canadá, cuyo territorio es unas 195 veces más grande que Costa Rica, registra alrededor de 10 663 especies. Holanda, de tamaño similar al territorio costarricense, cuenta con unas 5 000 especies documentadas. Estas cifras también muestran cuánto queda por investigar, especialmente en las regiones tropicales, donde existe una elevada diversidad de organismos.

¿Por qué son importantes los hongos?

En los ecosistemas, los hongos intervienen en la descomposición de restos orgánicos y favorecen que los nutrientes vuelvan a circular en la naturaleza. También pueden influir en las poblaciones de otros organismos. Algunas especies limitan el crecimiento de determinadas plantas y contribuyen a mantener el equilibrio dentro de los ecosistemas.

Su importancia también alcanza diferentes actividades humanas. Los hongos tienen aplicaciones en la medicina, la industria y la protección ambiental. La penicilina y la ciclosporina, por ejemplo, tienen su origen en compuestos producidos por hongos. Sus enzimas también son estudiadas y utilizadas en procesos relacionados con la fabricación de papel, detergentes, pinturas y textiles.

Además, se investigan aplicaciones para producir materiales alternativos al estereofón y para desarrollar productos con menor impacto ambiental. Algunas especies pueden contribuir a degradar determinados contaminantes, mientras que otras son objeto de estudios para encontrar nuevos compuestos de interés médico.

Hongos de la Gran Área Metropolitana

Los registros de la Gran Área Metropolitana (GAM) permiten conocer una parte de la diversidad de hongos presente en esta región. Hasta ahora se han documentado 187 especies, distribuidas en 111 géneros y 58 familias. De ellas, 15 pertenecen a Ascomycota y 172 a Basidiomycota.

Entre los géneros registrados se encuentran Cookeina, Puccinia, Trametes, Geastrum, Auricularia y Ganoderma. La GAM también alberga especies de interés alimentario, medicinal e industrial. Entre los hongos comestibles aparecen Pleurotus ostreatus, Cookeina speciosa y varias especies de Auricularia. Otros, como Ganoderma y Pycnoporus sanguineus, tienen interés medicinal.

También existen especies tóxicas, como Chlorophyllum molybdites. Sin embargo, los registros disponibles todavía no representan toda la diversidad de la región. Las 187 especies documentadas corresponden aproximadamente al 51 % de las 365 especies estimadas para la GAM mediante el estimador de riqueza Chao-1. Los microhongos probablemente se encuentran entre los grupos menos documentados. Su reducido tamaño puede dificultar su detección durante las investigaciones de campo y hacer que muchas especies no sean recolectadas.

Un mundo todavía por descubrir

El conocimiento actual representa solo una pequeña parte de la diversidad de hongos que podría existir en Costa Rica. Si las estimaciones son correctas, el 96 % de las especies todavía estaría por descubrir. Ampliar los inventarios permitirá conocer mejor la biodiversidad del país y comprender el papel que desempeñan estos organismos en los ecosistemas.

También podría ayudar a identificar nuevas aplicaciones en campos como la medicina, la industria y la protección ambiental. Los hongos forman parte de procesos esenciales para la naturaleza y, al mismo tiempo, representan uno de los grandes grupos de biodiversidad que Costa Rica todavía tiene por estudiar.

Sensorial Sunsets

Hace unas siete décadas, Montezuma funcionaba como un pequeño puerto para sacar la producción agrícola de las comunidades ubicadas en las montañas cercanas. En aquella época, era un lugar tranquilo y poco poblado, rodeado por la naturaleza de la península.

De puerto agrícola a pueblo de pescadores

La historia de Montezuma cambió durante la década de 1970, cuando se construyó una carretera que conectó Paquera con Cóbano. Esta nueva vía facilitó el transporte terrestre y redujo la importancia de Montezuma como punto de salida para los productos agrícolas de la región. Con el tiempo, la actividad del antiguo puerto perdió protagonismo. Montezuma pasó entonces por una nueva etapa como comunidad pesquera antes de comenzar a atraer visitantes interesados en sus playas y paisajes naturales.

El desarrollo turístico fue gradual. Durante buena parte de su historia reciente, el pueblo permaneció relativamente aislado y conservó un ritmo de vida tranquilo. La electricidad no llegó a Montezuma hasta 1986, un dato que refleja las condiciones de aislamiento que caracterizaron a la comunidad durante décadas. Con la llegada de nuevos servicios y visitantes, Montezuma comenzó a transformarse en el destino que conocemos actualmente. A pesar de estos cambios, la naturaleza continúa siendo uno de los principales elementos de su identidad.

Montezuma y el turismo sostenible

El crecimiento turístico también ha planteado preguntas sobre cómo desarrollar la comunidad sin deteriorar los ecosistemas que la rodean. La Asociación de Desarrollo Integral de Montezuma (ADIM) promueve la participación de la comunidad y de los visitantes en iniciativas relacionadas con el turismo sostenible. Este enfoque considera los aspectos ambientales, económicos y socioculturales del turismo.

La idea es encontrar un equilibrio entre la actividad turística, la protección de los recursos naturales y las necesidades de la población local. En una comunidad cuya economía depende en buena medida de sus atractivos naturales, la conservación tiene además una relación directa con su futuro económico.

El principio de actuar localmente adquiere especial importancia en Montezuma. Las decisiones relacionadas con el crecimiento urbano, el turismo y la protección ambiental pueden tener efectos tanto dentro de la comunidad como en los ecosistemas terrestres y marinos de la península.

El desafío del crecimiento urbano

La península de Nicoya ha experimentado un aumento de la actividad turística y del desarrollo inmobiliario. Este crecimiento plantea desafíos para las comunidades que buscan conservar los ecosistemas que han contribuido a convertir la región en un destino turístico.

En el caso de Montezuma, cualquier nuevo desarrollo debe considerar la presencia de bosques, playas, ríos y áreas protegidas cercanas. También resulta importante tomar en cuenta a las comunidades locales y el marco legal de protección ambiental.

La conservación no depende únicamente de los parques nacionales. Las reservas naturales, refugios de vida silvestre y otras iniciativas de protección también contribuyen a mantener los ecosistemas de la península.

Cabo Blanco: un punto de referencia para la conservación

Uno de los espacios naturales más importantes de la región es el Parque Nacional Cabo Blanco, ubicado al sur de Montezuma. Cabo Blanco fue establecido en 1963, antes de la creación del sistema nacional de parques que comenzó a consolidarse durante la década de 1970. Su establecimiento marcó un precedente para la protección de los ecosistemas naturales de Costa Rica.

El área protege aproximadamente 1.172 hectáreas terrestres y 1.700 hectáreas marinas. Sus bosques, playas y ambientes marinos forman parte de un importante corredor natural en el extremo sur de la península de Nicoya. Desde Montezuma, los visitantes pueden dirigirse hacia Cabuya y continuar hasta la entrada del parque. El recorrido permite conocer una parte de los paisajes naturales que rodean a la comunidad.

Cabo Blanco también está estrechamente relacionado con la historia de la conservación en Costa Rica. La iniciativa de proteger este territorio surgió gracias al trabajo de los conservacionistas Nicolás Wessberg y Karen Mogensen, quienes desempeñaron un papel fundamental en la creación de la reserva.

La Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg

La figura de Nicolás Wessberg también está presente en otra área protegida cercana a Montezuma. La Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg fue establecida en 1994 y protege alrededor de 63 hectáreas de bosque tropical y zonas costeras en el extremo sur de la península de Nicoya.

La reserva lleva el nombre del conservacionista sueco como reconocimiento a su trabajo en favor de la protección de los ecosistemas de la región. Su ubicación también permite apreciar la estrecha relación entre Montezuma y los espacios naturales que lo rodean. Parte de sus límites puede alcanzarse caminando desde la playa de Montezuma.

Refugio de Vida Silvestre Mixto Romelia

Otro espacio dedicado a la conservación en las cercanías de Montezuma es el Refugio de Vida Silvestre Mixto Romelia. El refugio comprende aproximadamente 295 hectáreas y combina diferentes ambientes naturales. Su territorio incluye sectores de bosque, ríos, playas y áreas costeras del Pacífico.

La zona también se caracteriza por la presencia de formaciones rocosas frente a la costa y espacios naturales que sirven de hábitat para diversas especies. Romelia representa otro ejemplo de los esfuerzos de conservación que existen alrededor de Montezuma. Estas iniciativas ayudan a mantener espacios naturales en una región donde el turismo y el desarrollo continúan creciendo.

Curú y la diversidad de la península

A unos 20 minutos de Montezuma se encuentra Curú, una finca y área de conservación ubicada en el sur de la península de Nicoya. Curú destaca por la variedad de ambientes que se encuentran dentro de su territorio. Allí existen bosques tropicales secos y húmedos, además de ecosistemas costeros y marinos.

La protección de diferentes hábitats permite la presencia de una amplia variedad de especies. En el área se han registrado más de 230 especies de aves, 78 especies de mamíferos, 87 especies de reptiles y más de 500 especies de plantas. Además de su importancia ecológica, Curú se ha presentado como un ejemplo de cómo la conservación y las actividades productivas pueden coexistir dentro de un modelo de desarrollo sostenible.

Un pueblo construido alrededor de la naturaleza

La historia de Montezuma no puede separarse de los cambios que experimentó la península de Nicoya. Primero fue un pequeño puerto utilizado para transportar productos agrícolas. Después se convirtió en una comunidad de pescadores y, con el paso de las décadas, en un destino turístico conocido por sus playas y su ambiente relajado.

Sin embargo, la naturaleza que rodea al pueblo sigue siendo parte fundamental de su identidad. Cabo Blanco, la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg, Romelia y Curú forman parte de una red de espacios que protegen distintos ecosistemas de la región. El futuro de Montezuma dependerá, en parte, de cómo la comunidad gestione el crecimiento turístico y urbano. Mantener los bosques, las playas, los ríos y los ecosistemas marinos no solo contribuye a proteger la biodiversidad. También ayuda a conservar los recursos que han convertido a Montezuma en un destino turístico.

Después de décadas de transformación, el antiguo puerto agrícola se ha convertido en una comunidad turística. Su historia demuestra que el desarrollo y la conservación están estrechamente relacionados en la península de Nicoya.

Sensorial Sunsets

La garza agamí es una especie poco conocida y difícil de observar fuera de sus sitios de reproducción. Durante la época reproductiva presenta un plumaje de colores intensos, mientras que el resto del año suele mantener un comportamiento discreto. La especie está clasificada como Vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre otras razones por la pérdida y degradación de los hábitats que utiliza.

Una colonia en la Reserva Pacuare

La presencia de garzas agamí en la Reserva Pacuare comenzó a documentarse a principios de la década de 2000. Aunque ya existían observaciones de aves de colores llamativos realizadas por habitantes de la zona, fue alrededor de 2003 y 2004 cuando se confirmó que se trataba de garzas agamí que utilizaban el área para reproducirse.

A partir de 2004, la Reserva inició un proyecto de investigación dedicado al seguimiento de esta colonia. El objetivo es recopilar información sobre la reproducción de las aves y utilizarla para orientar las decisiones de manejo y conservación. El monitoreo incluye el registro de nidos, pichones y comportamientos de las aves. Los investigadores realizan visitas periódicas al sitio de anidación y utilizan estructuras camufladas para observar la colonia y tomar datos sin acercarse directamente a las aves.

Según información de la propia Reserva, desde el inicio del proyecto se han monitoreado más de 4.450 pichones de garza agamí. El seguimiento a largo plazo permite comparar los resultados entre temporadas y conocer mejor las condiciones de reproducción de la colonia.

¿Por qué las garzas agamí anidan en Pacuare?

La presencia de la garza agamí está relacionada con las características del ecosistema que protege la Reserva Pacuare. El área conserva bosques tropicales, humedales, canales y una franja de costa que sirven de hábitat para numerosas especies.

La reserva protege aproximadamente 688,6 hectáreas y seis kilómetros de costa. Este territorio también es utilizado por tortugas marinas, jaguares, monos, ranas y distintas especies de aves.

De esta forma, la conservación de estos ambientes permite mantener las condiciones necesarias para que diferentes especies puedan alimentarse, refugiarse y reproducirse. En el caso de la garza agamí, la presencia de ambientes acuáticos y áreas boscosas proporciona los recursos y sitios que necesita durante su ciclo reproductivo.

Una reserva creada para proteger tortugas

La historia de la Reserva Pacuare comenzó antes de que la garza agamí se convirtiera en uno de sus principales objetos de investigación. En 1989, John Denham creó The Endangered Wildlife Trust con el objetivo de adquirir y proteger terrenos ubicados entre la costa Caribe y el Canal de Tortuguero. En ese momento, las tierras que actualmente forman parte de la reserva estaban divididas en varias propiedades y algunas eran utilizadas para actividades como la ganadería y el cultivo de cocos.

La zona también enfrentaba problemas relacionados con la extracción de huevos de tortugas marinas y la cacería de tortugas verdes. Durante la temporada de anidación, numerosos saqueadores llegaban a la playa y una gran cantidad de nidos eran afectados.

Con la creación de la reserva comenzó un proceso de protección y recuperación del territorio. Se desarrollaron programas de investigación y conservación de tortugas marinas y, con el paso de los años, se ampliaron las iniciativas destinadas a estudiar otras especies presentes en el área.

De la conservación de tortugas a la protección de otras especies

El trabajo realizado en la Reserva Pacuare demuestra la relación entre la conservación de una especie y la protección de su hábitat.

La reserva fue establecida principalmente para proteger las playas utilizadas por las tortugas marinas, pero mantener intactos los ecosistemas terrestres y acuáticos también ha permitido conservar los espacios utilizados por otras especies. Entre ellas se encuentra la garza agamí, cuya colonia de anidación se convirtió en objeto de investigación permanente. La protección del territorio permite que las aves continúen utilizando el sitio mientras los investigadores recopilan información sobre su reproducción.

La Reserva también desarrolla proyectos relacionados con otras especies y mantiene programas de educación e investigación. Desde el año 2000, Ecology Project International (EPI) ha trabajado en el lugar con estudiantes y científicos, integrando la investigación de campo con la educación para la conservación.

Investigación y observación de las garzas

El estudio de la colonia requiere protocolos específicos para reducir las perturbaciones. Las visitas al sitio de anidación se realizan en grupos pequeños y con acompañamiento del equipo de investigación.

Antes de ingresar, los visitantes reciben información sobre la biología y el comportamiento de la especie. Durante la observación deben mantenerse en silencio y respetar las áreas establecidas para evitar alterar la actividad de las aves.

También existen restricciones relacionadas con el uso de luces, productos químicos y otros elementos que podrían afectar a la colonia. Estas medidas permiten realizar actividades de investigación y educación sin interferir innecesariamente con el comportamiento natural de las garzas.

Una colonia que continúa siendo estudiada

A pesar de los años de investigación, todavía existen aspectos de la biología y el comportamiento de la garza agamí que requieren mayor estudio. La información obtenida en Pacuare permite conocer los cambios que experimenta la colonia entre temporadas y aporta datos que pueden utilizarse para tomar decisiones de conservación.

El proyecto también forma parte de esfuerzos más amplios para conocer el estado de la especie y compartir información con investigadores y organizaciones dedicadas a su estudio.

La conservación de la garza agamí en Pacuare depende, en gran medida, de mantener las condiciones del ecosistema que utiliza. Por ello, el trabajo realizado durante décadas para proteger el territorio no solo ha beneficiado a las tortugas marinas que motivaron la creación de la reserva, sino también a las distintas especies que actualmente utilizan este espacio. Entre ellas, la garza agamí ocupa un lugar importante dentro de los proyectos de investigación de la Reserva Pacuare, donde su colonia continúa siendo monitoreada para conocer mejor la especie y contribuir a su conservación.

Sensorial Sunsets

Ubicados en un entorno natural privilegiado, estos sitios representan mucho más que un conjunto de vestigios arqueológicos. Son testimonio de sociedades complejas que habitaron la región hace más de mil años y que dejaron como herencia las famosas esferas de piedra, símbolo de identidad nacional y uno de los mayores enigmas arqueológicos del continente.

A través del Proyecto Diquís, el Museo Nacional de Costa Rica promueve la conservación, investigación y divulgación de este patrimonio, permitiendo que visitantes nacionales y extranjeros conozcan una parte esencial de la historia que Costa Rica comparte hoy con la humanidad.

Un territorio forjado por múltiples migraciones

La riqueza cultural de Diquís no se limita a su pasado precolombino. La historia contemporánea de la región ha sido moldeada por diversos grupos humanos que, a lo largo de los siglos XIX y XX, llegaron al sur del país en busca de nuevas oportunidades y contribuyeron a la construcción de una identidad única.

Entre ellos destacan los chiricanos, provenientes de la provincia panameña de Chiriquí, quienes constituyen uno de los grupos étnicos más influyentes en la conformación cultural de cantones como Osa, Buenos Aires y Golfito. Aunque su aporte no siempre ha sido suficientemente visibilizado, apellidos como Pinzón, Beita, Quintero, Atencio, Caballero, Lezcano y Pití son parte de la memoria y el tejido social de la región.

También tuvieron un papel importante los migrantes meseteños, llegados desde el Valle Central. Con ellos llegaron las tradiciones asociadas al cultivo del café, la música de guitarra, el trapiche, la producción de aguadulce y otras expresiones culturales que enriquecieron la vida cotidiana de las comunidades del sur.

La transformación bananera del Pacífico Sur

Uno de los acontecimientos que más impactó el desarrollo de la región fue la llegada de la Compañía Bananera durante la década de 1930. Tras abandonar sus operaciones en el Caribe costarricense, la empresa trasladó gran parte de sus actividades al Pacífico Sur, impulsando profundos cambios económicos, sociales y demográficos.

La expansión de las plantaciones bananeras atrajo a miles de trabajadores procedentes de diferentes regiones del país y del extranjero, generando nuevas comunidades y transformando el paisaje de la zona. Este proceso marcó el nacimiento de una identidad regional estrechamente vinculada al trabajo agrícola y a la diversidad cultural.

Guanacastecos, nicaragüenses y chinos: una herencia compartida

Las migraciones provenientes de Guanacaste también dejaron una huella significativa. Miles de personas abandonaron las sabanas del norte costarricense para buscar mejores condiciones de vida en la llamada «Zona Bananera». Su cultura, costumbres y tradiciones se integraron al mosaico social que caracteriza al sur del país.

A esta historia se suma la presencia de comunidades nicaragüenses, cuya influencia fue determinante en la configuración demográfica de la región. Datos históricos indican que en 1950 aproximadamente el 15 % de la población de Osa, Golfito y Aguirre procedía de Nicaragua, consolidando un importante legado cultural y humano que permanece vigente hasta la actualidad.

Otro grupo fundamental ha sido la comunidad china y sus descendientes. Su presencia en el sur de Costa Rica se remonta a finales del siglo XIX, particularmente en El Pozo, hoy Ciudad Cortés, donde se registran familias de origen chino desde esa época. A través del comercio, el emprendimiento y la integración comunitaria, esta población ha contribuido al desarrollo económico y cultural de la región.

Arte, tradición e identidad

La historia del cantón de Osa y sus alrededores es el resultado de la interacción entre el legado precolombino, los procesos coloniales, las migraciones y las transformaciones económicas del siglo XX. Este complejo proceso histórico continúa reflejándose en las manifestaciones artísticas y artesanales de la región.

Las artesanías, la pintura, la música y otras expresiones culturales reinterpretan constantemente los mitos, relatos y tradiciones heredados por generaciones. En ellas convergen las raíces indígenas, las influencias migratorias y la experiencia cotidiana de quienes han construido la identidad del Pacífico Sur costarricense.

Así, Diquís no solo representa un patrimonio arqueológico de valor universal, sino también un territorio vivo donde historia, cultura y diversidad continúan entrelazándose para dar forma a una de las regiones más fascinantes de Costa Rica.

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Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho internacional público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 31 de julio, los dos protagonistas del documental costarricense titulado «El monaguillo, el cura y el jardinero»  así como el director del mismo, fueron invitados el programa radial de Interferencia de Radio Universidad de Costa Rica (UCR) (véase enlace). El 21 de julio del 2025, fue el programa mañanero de Desayunos de Radio UCR el que fue dedicado a este documental (véase enlace): en esta ocasión, se pudo contar con la presencia de su director, de su productora, desde México, y la de sus dos protagonistas.

Se trata de un esfuerzo muy valioso y valiente, desde la técnica del documental, en aras de visibilizar la denuncia hecha por dos jóvenes costarricenses, Anthony Venegas y Josué Alvarado, con relación a los abusos sexuales que sufrieron de niños por parte de un sacerdote en la parroquia católica de la localidad de Patarrá. Algunos extractos de este documental pueden desde ya ser revisados en este enlace. 

Esta nota de ElPais (España) del 3 de julio del 2025 fue publicada días después de su primera proyección en un sala de cine en Costa Rica, el 25 de junio del 2025, en el marco de un festival internacional de cine realizado en la capital costarricense (véase nota del Semanario Universidad). 

En esta otra nota del medio digital costarricense Delfino.cr se pueden conocer los horarios de proyección previstos durante esta cuarta y última semana del mes de julio del 2025, que posiblemente se extiendan por varias semanas más.

En las líneas que siguen, nos abocaremos, a partir de lo que se expone en este documental, a referir a algunas experiencias observadas en el exterior sobre este mismo tipo de denuncias en el seno de la Iglesia Católica, así como a las obligaciones internacionales que el Estado del Vaticano ha asumido con respecto a los derechos de la niñez. Este último aspecto, asociado con algunas regulaciones futuras, podría permitir a Costa Rica dotarse, como ha ocurrido en otras latitudes, de figuras, mecanismos, y medidas de carácter preventivo: siempre y cuando, claro está, se tenga voluntad en el seno de la clase política costarricense para lograrlo. 

A su vez, para el jurista, los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes interpela la ciencia jurídica y a los operadores de justicia, al observarse un gran diversidad en las respuestas legales y en las decisiones de tribunales de justicia ante hechos muy similares desde el punto de vista penal: niños abusados sexualmente en su parroquia (o en un colegio) por un clérigo, y una jerarquía eclesiástica que sí «sabía» y que no sancionó al religioso, sino que intentó encubrir estos abusos o protegerlo.

Abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia Católica en años recientes …

El tema de los abusos sexuales dentro la Iglesia Católica ha cobrado una particular relevancia ante la reiteración de revelaciones y de escándalos, siendo por ejemplo el motivo por el que, hace unos pocos años, un ícono en España (véase nota del ElPais de España del 2021) y otro ícono en Francia (véase nota de Le Figaro del 2025) dejaran de serlo.

Recientemente en España, un sacerdote católico en Ibiza fue condenado por abusar a varios menores de edad (véase nota de ElPais de España, del 11.07.2025). Esta extensa reseña de «l´affaire Barbarin» en Francia elaborada por los defensores de las víctimas da cuenta de las peripecias judiciales de toda índole a las que estuvieron confrontadas ante los estrados de la justicia gala y que concluyó con una declaratoria de absolutoria en el 2020 del cardenal, y con su renuncia aceptada por el Papa Francisco (véase nota de France24 en castellano del 6.03.2020).

En lo que respecta a América Latina, en sus observaciones generales de este 2025 al informe de Ecuador (véase documento CRC/C/ECU/CO/7, con fecha del 27.02.2025, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó una preocupación que posiblemente se deba extender a muchos otros Estados, al señalarle a Ecuador (párrafo 25):

La inexistencia de medidas para remediar la falta de cooperación de la Iglesia católica con las investigaciones sobre los casos de abuso sexual de niños cometidos por clérigos católicos.

Con relación a la región andina, en el 2024 se publicó la obra «El abuso sexual en contextos eclesiales. Análisis del caso chileno. Aprendizajes y Desafíos» (véase enlace y artículo sobre sus principales hallazgos): se trata de una investigación que se elaboró a partir de una petición del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, una instancia de la misma Iglesia Católica creada en el 2011. Es de notar que en el 2023, el Episcopado de Perú se solidarizó con la víctima y saludó la condena a cadena perpetua de uno de sus sacerdotes por abusar de una menor de edad (véase comunicado oficial del 13.05.2023).

En Costa Rica a raíz de lo ocurrido en la parroquia de Patarrá a finales de los 90 e inicios de los años 2000, en agosto del 2022, se indicó que la Iglesia Católica de Costa Rica fue condenada en lo civil a pagos millonarios por el daño moral provocado (véase cable de la agencia de noticias AP, en el que se hace ver que la Iglesia apelará esta primera sentencia). En febrero del 2023, se anunció que la Iglesia Católica costarricense finalmente alcanzó un «acuerdo» con algunas víctimas de abusos sexuales, sin que se precisara el nombre de las víctimas ni el contenido exacto del acuerdo, en razón de una «clausula de confidencialidad»  (véase cable de la agencia de noticias AP del 6/02/2023). 

El año siguiente (noviembre), al oponerse totalmente la Iglesia Católica a levantar el secreto de testimonios derivados de la confesión en un proyecto de ley, se leyó por parte de una diputada (véase artículo del Semanario Universidad del 1.11.2024) que:

Este proyecto de ley no busca perseguir a la Iglesia Católica ni a los religiosos. Con el mayor de los respetos, y siendo creyente, no puede el sigilo sacramental estar por encima de los derechos de nuestros menores y de nuestras personas discapacitadas; es más, no puede estar por encima del derecho de nadie.

Este proyecto de ley se tramita bajo el Expediente Legislativo 21.415 (véase texto): el informe de Servicios Técnicos sobre esta iniciativa de ley (véase documento)  reviste un interés relativo al hacer caso omiso de propuestas legales alcanzadas en varias partes del mundo para proteger a menores víctimas de abusos sexuales, de la Convención sobre Derechos del Niño de 1990 y de las observaciones e informes hechos por el Comité sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas. Tampoco se hace referencia en este informe de Servicios Técnicos a recomendaciones hechas por órganos de investigación como por ejemplo la comisión CIASE (véase enlace) en Francia sobre abusos de menores en el seno de la Iglesia Católica que hace una excitativa sobre este preciso punto en dos de sus recomendaciones (Nota 1). Tampoco refiere a sentencias dictaminadas por Corte de Constitucionalidad como la de Colombia (Nota 2). Es de notar que el vaivén de firmas de diputados se volvió a observar ante la Sala Constitucional en la consulta sobre el proyecto de ley 21.415 (véase resolución de la Sala de octubre del 2022, rechazando la solicitud, con voto salvado del magistrado Fernando Cruz, de lectura sugerida).

… con sentencias condenatorias apeladas por sacerdotes o la misma Iglesia Católica

Cabe indicar que las condenas penales contra sacerdotes pederastas son a veces apeladas y en algunos casos logran ser suspendidas, como ocurrió por ejemplo en julio del 2025, con un sacerdote condenado en mayo del 2018 en Argentina a 25 años de prisión (véase texto de la sentencia adoptada por la Corte Suprema de Justicia el 1ero de julio del 2025, y esta nota de ElPais de España del 2 de julio del 2025). En el 2020, en Paraguay un tribunal absolvió a un sacerdote acusado de acosar sexualmente a una menor de edad (véase nota de ElPeriodico, del 12.08.2020), con base en un razonamiento que debería interesar a quiénes se preocupan por el acoso sexual a niñas menores de edad y más generalmente a mujeres en general.

En el caso del sacerdote costarricense que abuso de niños en la parroquia de Patarrá, sus defensores apelaron la sentencia condenatoria, con argumentos que fueron rechazados por los jueces de una instancia superior (véase nota del Semanario Universidad del 28.04.2023).

De igual manera en España una decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó, luego de ser apelada, una sentencia contra un sacerdote español que abusaba regularmente de una alumna menor de edad en el colegio en el que impartía lecciones (véase sentencia del 23 de mayo del 2024 y nota oficial del Poder Judicial español). Nótese que la defensa legal del sacerdote involucrado no escatimó en sus esfuerzos, al sentirse obligado el Tribunal (página 12) a señalar que:

No se puede negar el esfuerzo que hay en los 154 folios en que se desarrollan esos tres primeros motivos de recurso; pero ello no debe ocultar su incorrecto enfoque, como tampoco servir para que, por tal extensión, se les dé un tratamiento distinto al que corresponde, según doctrina asentada por la jurisprudencia de esta Sala, repasada en el fundamento anterior, pues, como venimos insistiendo, en nuestra función de control casacional, no debemos entrar en una nueva valoración de la prueba practicada, que sustituya la realizada por el tribunal ante cuya presencia se desplegó.

En el caso de Australia, un tribunal de apelaciones rechazó una apelación de la Iglesia Católica que intentaba a toda costa evitar el pago de una indemnización en beneficio de una víctima de abuso sexual (véase nota  de febrero del 2024 sí como resolución y fallo de instancia publicados en Chile por el sitio jurídico especializado de DerechoConstitucional). En el caso de Colombia, ante una apelación muy similar, una sentencia de Casación en lo civil de la Corte Suprema de Justicia en el 2015 sentenció que la Iglesia Católica en Colombia es una, y que debe responder en lo civil por el daño que cause un sacerdote (véase sentencia), precisando que:

Esta particular situación jurídica permite a una víctima de actos ilícitos o culposos cometidos por un ministro del culto religioso en razón o con ocasión de su función, o prevalido de la posición que ocupa en esa organización, demandar indistintamente y de manera solidaria tanto a la parroquia a la que pertenezca el clérigo como a la diócesis a la que éste se encuentre incardinado, por lo que tanto una como otra persona jurídica de derecho público eclesiástico tienen legitimación por pasiva o para responder judicialmente las pretensiones que contra ellas se aduzcan en las señaladas circunstancias (p. 64).

Esta nota de prensa en Costa Rica del 2024 refiere a una condenatoria en primera instancia (véase nota de CRHoy del 3.04.2024) de otro sacerdote que el de la parroquia de Patarrá, y se espera saber si fue o no apelada por sus abogados.

Sería de gran interés conocer de una investigación sistematizando los diversos recursos legales presentados por la Iglesia Católica  y por sus sacerdotes para apelar sentencias penales condenatorias en su contra. 

Desde ya solicitamos a nuestros estimables lectores remitírnosla  – si es que existe – enviando el documento o el link si está desde ya disponible en línea al siguiente correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com. 

En lo personal, nos resulta bastante llamativo observar que, en vez de asumir el daño causado (incluyendo el daño moral) y pedir perdón a las víctimas y a toda una comunidad de feligreses profundamente conmocionada por la reiteración de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos, los asesores legales de estos últimos busquen la manera de obtener una suspensión de la condena penal o bien de evitar el pago de una indemnización a las víctimas, o bien de llegar a un «arreglo» con éstas que incluya una  cláusula de confidencialidad.

Poder Judicial e Iglesia Católica en Costa Rica: algunos datos de cierto interés pasados por alto

No está de más recordar que el sistema judicial de Costa Rica es integrado por personas que, a veces, se muestran, en sus labores como juzgadores, sumamente receptivas a las posiciones de la Iglesia Católica en algunos ámbitos muy específicos. 

Es así como en el pasado, Costa Rica se ha visto condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a un juez constitucional muy cercano a posiciones de la Iglesia Católica: 

– la opinión consultiva  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer a inicios del 2018 sobre derechos de la población sexualmente diversa (véase texto de la OC/24), y que fue solicitada por Costa Rica, respondió en gran parte a una negativa sostenida del juez constitucional de reconocer derechos a parejas del mismo sexo;  en esta sentencia del 2010 de la Sala Constitucional (véase texto) sobre una iniciativa que no prosperó de referendum por parte del Tribunal Supremo Electoral, los votos externados por algunos integrantes de la Sala Constitucional evidencian posiciones muy cercanas a las escuchadas por voceros de la Iglesia Católica. De igual manera se evidencian en algunos de los votos salvados de esta sentencia de agosto del 2018, haciendo ver de paso la dificultad extrema que algunos integrantes tienen con relación a lo decidido por el juez interamericano.

– la sentencia del 2012 de la Corte Interamericana contra Costa Rica sobre Fecundación in vitro (FIV) se originó en una decisión del año 2000 de la Sala Constitucional de anular el único marco regulatorio existente para la procreación artificial, y dio pié para una ardua batalla legal realizada por 19 parejas costarricenses contra esta decisión, que terminó en manos del juez interamericano (véase sentencia del juez interamericano del 2012).  En el 2016, una segunda sentencia de la misma Corte Interamericana relativa a la misma FIV … hizo ver la extrema dificultad para Costa Rica de acatar lo dictaminado en el 2012 por el juez interamericano (véase sentencia del 2016).

Se puede de igual manera referir a la denuncia contra Costa Rica sobre aborto que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que las víctimas no encontraran una respuesta por parte de los tribunales costarricenses (véase informe de admisibilidad del 2020 de la Comisión). Es de notar que la «norma técnica» adoptada mediante Decreto Ejecutivo sobre aborto terapéutico (véase texto) en diciembre del 2019 lo fue en razón de un compromiso previo de Costa Rica al aceptar en el 2015 una propuesta de solución amistosa con las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En abril del 2018, un silencio bastante extraño se apoderó de las máximas autoridades costarricenses con respecto al futuro de esta norma técnica (véase titular de artículo del Semanario Universidad del 30.04.2018). Un interesante artículo de «Doble Chek» de la UCR elaborado en marzo del 2019 sobre el aborto terapéutico y sobre la forma de presentarlo en una publicación de la Iglesia Católica se tituló «Fallas, grises y aciertos sobre el aborto en el EcoCatólico«.

En el 2020, un juez costarricense protagonizó con sus acciones y algunos de sus comentarios en redes sociales contra lo que denominó los «excesos» de Corte Interamericana de Derechos Humanos, un espectáculo algo inusal que fue referenciado por el Semanario Universidad (véase artículo del 5.02.2020 que incluye una entrevista al juzgador). 

Una Iglesia Católica ante sus obligaciones éticas y …

Si bien la Iglesia Católica se ha mostrado históricamente resistente a escuchar a las víctimas de abusos sexuales contra menores de edad, y a abrir sus archivos sobre las denuncias no atendidas así como como sobre los casos de sacerdotes «rotados» hacia otras parroquias (a raíz de denuncias en sus comunidades de feligreses por abusar sexualmente a menores), desde la asunción del Papa Francisco, las máximas autoridades en Roma han instruido a sus obispos en todo el mundo a cambiar de actitud: véase por ejemplo este mensaje muy reciente (marzo del 2025) de su Santidad el Papa Francisco, disponible en castellano, así como varias regulaciones relacionadas a la tramitación de denuncias por abusos sexuales contenidas en este enlace oficial del mismo Vaticano, todas bastante recientes.

Como observado en otros ámbitos como por ejemplo las reiteradas condenas de las exacciones de Israel contra la población  civil palestina en Gaza, la protección internacional del ambiente, la minería y las actividades extractivas contaminantes y los derechos de las comunidades aledañas (véase carta encíclica del 2015), o bien el llamado a la ratificación del Acuerdo de Escazú en América Latina (Nota 3), las posiciones de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Roma … no son siempre seguidas de efecto, y mucho menos de pronunciamientos por parte de los obispos costarricenses.

No está de más indicar lo que se lee por parte de la madre de un niño que fue abusado cuando era menor de edad en Bilbao (Pais Vasco, España) en este reportaje de la BBC (edición del 23.04.2025), titulado «Conocí al papa Francisco y me ayudó en mi denuncia de abusos sexuales en un colegio del Opus Dei, pero estoy decepcionado con la Iglesia«, cuando externa e los periodistas de la BBC que:

Hay una parte minoritaria de la Iglesia que sí entiende el tema de los abusos, que sí trabaja por la labor de dar respuesta, lo que pasa es que no es esa la que tiene el poder en la Iglesia de España.

 … sus obligaciones jurídicas internacionales

En el caso específico de las denuncias por abuso sexual contra menores de edad, desde el punto de vista internacional, no está de más recordar que, en derecho internacional público, la Santa Sede es considerada como un Estado: y que encontramos precisamente a la Santa Sede, al igual que Bélgica, Costa Rica, España, Francia, Italia, Irlanda o Suiza como Estado Parte a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 (véase estado actual oficial de firmas y ratificaciones). Se trata un instrumento multilateral de relevancia internacional, al igual que otra convención a la que también es Estado Parte el Vaticano: la Convención de 1966 para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

Estas convenciones establecen, como muchas otras de este tipo, mecanismos de monitoreo y de supervisión a los Estados Partes, a los que no escapa el Vaticano como Estado Parte.

En las observaciones al informe oficial remitido por el Estado del Vaticano al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (véase documento CRC/VA/CO/2, documento de febrero del 2014), se lee que:

8. El Comité tiene presente la doble naturaleza de la ratificación por la Santa Sede de la Convención sobre los Derechos del Niño como Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano y también como sujeto soberano de derecho internacional, poseedor de una personalidad jurídica original, autónoma e independiente de cualquier autoridad o jurisdicción. Aunque el Comité tiene plena conciencia de que los obispos y los principales directivos de los institutos religiosos no actúan como representantes o delegados del Romano Pontífice, observa que los subordinados en las órdenes religiosas católicas deben obediencia al Papa, de conformidad con los cánones 331 y 590 del Código de Derecho Canónico. Por consiguiente, el Comité recuerda a la Santa Sede que, al ratificar la Convención, asumió el compromiso de aplicarla no solo dentro del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también en su calidad de poder supremo de la Iglesia Católica en todo el mundo, por los particulares y las instituciones sujetos a su autoridad.

La Convención sobre Derechos de los Niños contempla mecanismos para que las víctimas puedan llevar las violaciones a las disposiciones de esta convención multilateral al conocimiento del órgano de tratado, a saber, el Comité de los Derechos del Niño (Nota 4). 

Ahora bien, si  se considera que:

• desde el 2012, a nivel europeo, existe un tratado regional que contiene regulaciones que deben de adoptar los Estados contra el abuso sexual de menores (véase texto), una convención en la que, lamentablemente, no encontramos a la Santa Sede como Estado Parte (véase enlace), y; 
• desde 1990 (fecha en que la Santa Sede aprobó la Convención de los Derechos del Niño como Estado), la Iglesia Católica sigue acumulando denuncias, revelaciones y escándalos a repetición en diversas partes del mundo por abuso sexual de menores que involucran en algunos casos a sus máximas autoridades, 

es también hora de pensar en utilizar los mecanismos internacionales de denuncia existentes a disposición de las víctimas de estos abusos contra el Estado del Vaticano como tal. Al respecto, es de precisar que el Vaticano sigue sin figurar entre los Estados Partes al denominado «Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones» del 2011 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). No se ha escuchado de campaña alguna para que ratifique este protocolo facultativo y sería de interés conocer las razones exactas por las que el Vaticano no desea ser Estado Parte a este protocolo que habilita a las víctimas a denunciar a un Estado ante el Comité de Derechos del Niño. En particular si se considera que el Vaticano sí es Estado Parte a dos protocolos a esta misma convención (véase estado oficial de firmas y ratificaciones sobre el protocolo relacionado a venta, prostitución y pornografía infantil del 2000 y estado de firmas y ratificaciones de otro protocolo sobre niños en situación en conflicto).

Los católicos de muchas partes del mundo no deberían conformarse con una Iglesia Católica  que se mantiene distante de un procedimiento internacional de denuncia para las víctimas, sacudida una y otra vez con escándalos a repetición, y con señalamientos sobre su encubrimiento: una entidad religiosa que sigue, al menos hasta la fecha, sin encontrar la manera de sancionar a sacerdotes pederastas en su seno.

En este sentido, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya le había hecho una excitativa a Italia en el 2019 para que se creara un mecanismo que investigara lo que ocurre en materia de abuso sexual a menores en el seno de la Iglesia Católica (véase y nota de la prensa italiana del 2019). Es de notar que el informe remitido por Italia en el 2022 fue considerado … como una verdadera «burla» por las asociaciones de víctimas y sus familiares (véase nota de The Guardian del 2022). 

Algunos esfuerzos más recientes

Este informe anterior del 2020 sobre abusos sexuales en Irlanda (véase versión en español) indicaba pistas a ser seguidas, que no lo fueron, o de manera muy aproximativa, en el caso de Italia.  

En Bélgica, en parte a raíz de la aprobación del convenio regional del 2012 antes mencionado en el marco europeo, se creó un «Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels«, órgano a cargo de conocer y de examinar hechos prescritos por la legislación penal de abusos sexuales contra menores de edad por parte de sacerdotes, con 168 víctimas identificadas y objeto de una indemnización cada una (véase nota encontrada en el sitio Cath.ch en Suiza del 2013): muy pocamente conocido y difundido, por razones que sería de sumo interés conocer, el mecanismo creado por Bélgica a raíz de recomendaciones hechas por una comisión de investigación del Parlamento belga y de la Iglesia Católica belga, merecería ser analizado y replicado (Nota 5). Una acción presentada ante la Corte Europea de Derechos Humanos contra Bélgica por varias víctimas belgas (véase enlace)  fue finalmente desechada por la Corte Europea de Derechos Humanos (véase sentencia) en el 2021, con un voto disidente de uno de sus integrantes cuya lectura se recomienda). En el 2023 se informó que la Fundación Dignity entregó a varias víctimas en Bélgica una suma superior a los 6 millones de Euros (véase nota de RTBF /Actus). 

La combinación belga comisión de arbitraje – fondo de reparación  a partir de un mecanismo instituido por una comisión mixta parlamentarios/Iglesia Católica ha inspirado en Suiza la creación del CECAR en el 2016 (véase enlace oficial), aún menos conocido: su último informe de actividades (2024) da cuenta de las reparaciones acordadas a las víctimas en Suiza a partir de reglas muy claras concertadas en el marco de su comisión de indemnización (véase enlace). El informe del CECAR titulado»Rapport concernant le projet pilote sur l’histoire des abus sexuels dans le contexte de l’Église catholique romaine en Suisse depuis le milieu du 20ème siècle» (2023) constituye un valioso esfuerzo.  

Después de la cuestionable manera de investigar este tipo de denuncias en Italia en el 2022, se han observado investigaciones mucho más integrales por parte de la misma Iglesia Católica, que ameritarían ser replicadas y mejoradas en diversas partes de mundo, Costa Rica incluida: 

• es así como en Francia, luego de 2 años y medio de investigaciones internas    dentro y fuera de la Iglesia Católica gala, se dio a conocer el informe final de la Comisión CIASE en octubre del 2021 (véase enlace) (Nota 6), realizado con base en el testimonio recogido de 216 000 víctimas de sacerdotes o religiosos. Desde 1950, se estima que 330 000 menores fueron abusados sexualmente en el seno de la Iglesia Católica gala. Una pregunta sobre los hallazgos en Francia de la Comisión CIASE por parte de un senador fue la ocasión para el ministerio del interior en Francia de detallar una serie de iniciativas tendientes a ayudar a las víctimas de abusos sexuales a partir de las recomendaciones de la Comisión CIASE: véase enlace a pregunta (julio 2022) y respuesta (agosto del 2023).
• en España, fue en el 2023 que se dio a conocer el «Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos» realizado por el Defensor del Pueblo en España (véase enlace). Un grupo de víctimas llevaron inicialmente sus pretensiones contra España unos años antes, ante la Corte Europea de Derechos Humanos, las cuales fueron rechazadas (véase sentencia, de junio del 2014, con una opinión disidente suscrita esta vez por ocho integrantes de la Corte, cuya lectura se recomienda).

Los ejemplos antes mencionados no cubren la gran cantidad de iniciativas existentes en diversas partes del mundo para enfrentar el problema de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica. Sí se puede indicar que comisiones de investigación inter-disciplinarias que reúnan a expertos de diversas ramas, a familiares de víctimas así como a integrantes de la Iglesia Católica en servicio o retirados (con una palabra más libre que los que siguen sometidos a las autoridades eclesiales), permiten un primer diagnóstico: ello en aras de tener una idea, en cada país, de los alcances de esta práctica y de proponer reformas legales que agilicen la tramitación mucho más expedita de este tipo de denuncias en vista de sancionar penalmente a los sacerdotes involucrados e indemnizar a las víctimas.  

No obstante esta apertura muy reciente observada en Roma, las pocas víctimas que han optado por alzar la voz  en muchas partes del mundo siguen esperando que los responsables sacerdotales de estos abusos sean sancionados por la justicia nacional: en octubre del 2024 una comisión pontifical en Roma del Vaticano reconoció que aún falta mucho por recorrer en diversas  partes del mundo (véase reportage de «The Guardian«). 

En este otro reportaje sobre la situación de varias niñas colombianas de la BBC difundido en marzo del 2025 (cuya lectura completa se recomienda: véase enlace) se lee que:

En los más de 20 años que han pasado desde los hechos que denuncian Natalia, Liliana, Paula, Gisele, Luisa, Carla y Orlando, numerosos casos de pederastia en la Iglesia católica han salido a la luz en todo el mundo, golpeando duramente su credibilidad.

No solo ha sido señalada de permitir que sacerdotes acusados sigan ejerciendo, sino de encubrirlos y de no colaborar a tiempo con la justicia civil para que sean investigados como cualquier otro ciudadano».

No está de más citar lo que se lee en esta extensa investigación  del equipo periodístico de Connectas, publicada en Perú, sobre las presiones dentro de la Iglesia Católica recibidas por cuatro sacerdotes peruanos por denunciar casos en su seno, y titulada «Pederastia en Perú: batalla al interior de la Iglesia«:

También había cartas firmadas por el mismo Desposorio y otros religiosos, dirigidas a líderes de la Iglesia católica. Denunciaban encubrimiento de obispos y vicarios, además de castigos que los dirigentes católicos habían llevado a cabo contra religiosos que, de acuerdo con él, han visibilizado a presuntos abusadores sexuales.

Un documental que delata un «sistema» para proteger a algunos en Costa Rica

En el caso de Costa Rica, el documental «El monaguillo, el cura y el jardinero» pone en evidencia que quien atendió las denuncias del joven Anthony en su calidad de Vicario (sin que ello fuera seguido de efecto), es hoy quien… encabeza la Iglesia Católica costarricense. 

Y que el sacerdote que oficiaba en la parroquia de Patarrá, autor de los hechos (entre 1996 y el 2003), luego de presentadas las denuncias, fue promovido dentro de la misma Iglesia Católica durante varios años en Costa Rica, como vocero oficial, antes de ser trasladado discretamente hacia México por su misma jerarquía. 

Se lee en este artículo del Semanario Universidad de octubre del 2019 que:

Las actuaciones del arzobispo Quirós son sujeto de estudio en el Vaticano, donde se recibió una denuncia en su contra por supuesto encubrimiento de delitos sexuales del sacerdote Mauricio Víquez. Quirós conocía de las denuncias contra Víquez desde 2003 y lo removió de parroquia. En 2018 lo premió nombrándolo Director del Instituto Arquidiocesano de Investigación Histórica y Patrimonial.

Las supuestas víctimas de Víquez también lo denunciaron civilmente por los mismos hechos. Aseguran que en 2018 cuando presentaron las denuncias canónicas formales, Quirós les dijo que el asunto «se le pasó».»

En esta nota de prensa anterior (febrero del 2019) sobre las «gestiones» de la Fiscalía de Costa Rica para dar con el paradero del mismo sacerdote de la parroquia de Patarrá, se lee que la Curia Metropolitana «desconoce» donde se encuentra el sacerdote.

Finalmente, no fue gracias a las «gestiones» de la Fiscalía, sino gracias a una campaña llevada por el mismo Anthony en México ante los medios de prensa mexicanos, fotos en mano, con entrevistas en los principales medios televisivos, que fue identificado, capturado en Monterrey y entregado a las autoridades judiciales costarricenses el fugitivo, de conformidad con una orden de captura emitida por la agencia internacional policial INTERPOL, en agosto del 2019 (véase artículo de la BBC del 20/08/2019). 

A la fecha se desconoce  a qué pudieron obedecer «gestiones» tan poco eficientes de la Fiscalía costarricense para llevar a las mismas víctimas a emprender ellas mismas un viaje a México … y lograr finalmente la captura del sacerdote fugitivo pocos días antes de que el caso prescribiera.

Nótese que en el 2019, a raíz de las denuncias sobre lo ocurrido en la parroquia de Patarrá con menores de edad, se logró adoptar el proyecto de ley 21.261 de manera a ampliar el plazo de prescripción de 10 a 25 años para denuncias por abusos sexuales contra menores en la legislación penal de Costa Rica (véase texto del Expediente Legislativo 21.261 y esta nota del medio digital Delfino.cr del 17.06.2019). En el 2024, en Bolivia se adoptó una ley que establece la imprescriptibilidad cuando las víctimas de abusos sexuales son menores de edad (véase texto).

Dos valientes luces en medio de la oscuridad, ahora  propulsadas al mundo, exhibiendo  … a Costa Rica

Al enorme valor que hay que saludar, demostrado por Anthony así como por Josué, así como por sus familiares y allegados, para denunciar y apoyar sus respectivas denuncias contra un sacerdote perteneciente a una entidad tan influyente como la Iglesia Católica en Costa Rica, hay que saludar el esfuerzo del director de este documental y la calidad de la película, ganadora reciente de un Festival internacional de Cine realizado en Costa Rica en la categoría documental (véase nota del 2 de julio del Semanario Universidad). 

Queda muy claro luego de haber visto este documental, que el caso de estos dos jóvenes es a penas la punta de un iceberg y que son en realidad muchas más las víctimas en Costa Rica de abusos de este tipo en sus parroquias. 

No se ha escuchado, al menos a la fecha de redactar estas líneas, de ninguna iniciativa tendiente realizar a una investigación exhaustiva, que pueda cuantificar la cantidad de víctimas potenciales de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos en Costa Rica. 

En junio del 2020 se anunció por parte de la Iglesia Católica la puesta en línea de guías para denuncias por abusos sexuales contra menores y la conformación de una Comisión de la misma Iglesia denominada CONAPROME (véase artículo del Semanario Universidad): revisando su sitio, no se visualiza un informe de actividades que permita conocer con mayor en detalle su labor y la cantidad de denuncias tramitadas y de sanciones a sacerdotes desde su creación, hace más de 5 años. La comparación con el informe «Para dar luz» (diciembre del 2023, versión actualizada a marzo del 2024, 962 páginas) dado a conocer en España por una comisión similar da una idea de lo que no se ha investigado en Costa Rica. En la página 154 de dicho informe sobre la Iglesia Católica española del 2023, se lee que:

Desde su creación, prevista por el motu propio Vos estis lux mundi, para antes del 1 de junio de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2023 las Oficinas para la protección de menores y prevención de abusos han recibido 908 testimonios de abusos sexuales cometidos contra menores en el ámbito de la Iglesia católica. De ellos, 361 testimonios fueron recibidos en las Oficinas diocesanas, 532 en las Oficinas de las congregaciones y 15 en las Oficinas de otras instituciones eclesiales. Algunos de esos testimonios se refieren a casos ya conocidos, que tuvieron su recorrido en los ámbitos civil y/o canónico. Otros se han conocido recientemente a partir de las denuncias presentadas en las oficinas o a través de los medios de comunicación.

Hacemos desde ya voto para que este documental sea proyectado en las diversas salas de cine en toda Costa Rica, en particular en sus siete provincias, pero también en colegios y escuelas de Costa Rica con foros que expliquen a padres de familia algunos aspectos, y que contribuya a romper el pesado silencio que ha imperado desde demasiado tiempo en muchas familias y pequeñas comunidades de feligreses. Los diversos estudios y comisiones de investigaciones consultadas en el marco de estas reflexiones coinciden en que las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes son usualmente, en su mayoría, niños con una edad que oscila entre los 10 y 14 años. 

Y ojalá que, liberada la palabra, se multipliquen acciones como las de Anthony y las de Josué ante la justicia costarricense contra sacerdotes que debieran de ser inmediatamente sancionados por su jerarquía (en vez de ser protegidos y discretamente «rotados»).  

Coincidencia (o no) de la difusión de este documental, fue hace pocos días que ilustres nadadoras que le dieron medallas olímpicas a Costa Rica en los años 90 denunciaron los abusos a los que fueron sometidas por su entrenador de natación, con hechos que remontan a hace más de 37 años (véase nota de prensa de Radio UCR).

Con relación a los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, tampoco se ha escuchado de una iniciativa desde las mismas autoridades públicas costarricenses al respecto, que tienen también algún grado de responsabilidad: esta responsabilidad deriva, a diferencia de la mayoría de los Estados,  de la misma… Constitución Política. En efecto, para quienes nos lean (tal vez) desde otras latitudes, Costa Rica persiste desde el punto de vista jurídico en mantenerse como el único Estado en América Latina en tener una religión oficial de Estado. En efecto, al leerse el Artículo 75 de la Constitución de Costa Rica (siempre vigente), se lee que:

ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.

En el 2011, se supo de negociaciones entre Costa Rica y la Santa Sede de cara a establecer un nuevo concordato, sin que ello fuese objeto de debate público tal y como solicitado por algunos sectores: véase posiblemente uno de los pocos artículos de prensa al respecto del Semanario Universidad, titulado precisamente «Piden discusión pública antes de negociar concordato con la iglesia«, editado el 6 de julio del 2011. En este otro enlace de octubre del 2011 del CIDCE, se discutió sobre la conveniencia de semejante iniciativa. En mayo del 2016, se informó que se «relegaba» la negociación de dicho concordato (véase nota de La Nación).

Más allá de la voluntad expresada en el 2011 de las autoridades diplomáticas de Costa Rica de negociar un nuevo concordato con el Estado del Vaticano (y ello sin mayores consultas ni publicidad), es muy probable que abusos sexuales contra menores de edad se estén dando también dentro de otros credos religiosos en Costa Rica: desde este punto de vista, resulta incorrecto designar a la Iglesia Católica como la única entidad religiosa padeciendo de estas prácticas. 

De igual manera, dentro de la Iglesia Católica, no se puede nunca generalizar, sino que son algunos sacerdotes en Costa Rica (pero… ¿cuántos? y… ¿desde cuando? … y … ¿cuántos niños y niñas abusaron?  y … ¿qué tipo de sanciones recibieron?… y muchas preguntas más) los que se han prestado para abusar de menores en sus respectivas parroquias. 

Lo que sí pone en evidencia este documental de manera magistral, con imágenes de rostros de autoridades religiosas que lo dicen todo, es el velado «sistema» de encubrimiento y de «rotación» que han aplicado las instancias superioras de la Iglesia Católica cuando les han llegado denuncias contra un sacerdote por abusos contra menores. Este verdadero «sistema» no es propio de la Iglesia Católica en Costa Rica, sino que se ha observado y ampliamente documentado en los informes antes citados elaborados en Irlanda, en Bélgica, en Francia, en España y en Suiza en años recientes,  así como en otras investigaciones sobre denuncias de este tipo.  En una interesante entrevista publicada en Francia en la revista Etudes en diciembre del 2018, titulada «Pédophilie dans l´Eglise: restaurer la crédibilité» (descargable en línea), se lee que para la teóloga gala:

L’Église est fondée sur la confiance, puisqu’elle est fondée sur le témoignage. Elle est avant tout une communauté de témoins qui repose sur les témoins de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Le témoin est celui auquel on fait confiance, cru sur parole. On comprend alors le séisme que cela représente lorsque la confiance est entamée ou, pire, trahie et piétiné«… / … «Le fait de le cacher représente le scandale par excellence. On ne peut pas prétendre que l’on ne savait pas, puisque précisément on avoue l’avoir caché ! Bien sûr, il est difficile de détecter des tendances pédocriminelles chez des jeunes gens en formation. Et c’est là une vraie préoccupation des formateurs. Aucune institution ne peut prétendre qu’aucun de ses membres ne sera jamais de ces agresseurs-là. Aucun discernement ne sera suffisant, alors même que tout doit être entrepris pour évaluer au mieux, avec le plus de compétences. Mais cacher les affaires, c’est autre chose. Et c’est bien tristement et scandaleusement ce qui a favorisé la perpétuation de certains de ces crimes.

A modo de conclusión

El documental «El monaguillo, el cura y el jardinero«, exhibe una grave y persistente omisión de la Iglesia Católica costarricense y del Estado, tanto ante la misma sociedad costarricense como ahora ante el mundo (conforme sea presentado este documental en festivales internacionales de cine).

¿Acaso la cúpula católica realizó cambios significativos para abrir sus archivos y para sancionar a los responsables de estos abusos sexuales perpetrados hace muchos años y que en muchos casos han caído en un pesado silencio? Un silencio en el que las víctimas han optado, en algunos casos, por las drogas, el alcool, el suicidio o bien por replicar los abusos de los que fueron víctimas en el seno de sus propias familias: esta entrevista en ElPais (España) del 2022 a otro costarricense víctima de abusos por parte de un sacerdote bien explica la «autodestrucción» interna que sufren muchas veces las victimas, en el silencio más absoluto.

Salvo error de nuestra parte, no se han observado cambios de la Iglesia Católica costarricense en los últimos años ni tampoco reformas legales: la entrevista en Desayunos de Radio UCR a Anthony con la que iniciamos estas reflexiones, así lo da a entender.  

Si el daño provocado a un número indeterminado  de menores de edad costarricenses no se conoce, y si el precitado «sistema» que denuncia de manera documentada «El monaguillo, el cura y el jardinero» persiste, además de las sanciones penales individuales contra sacerdotes que abusan de menores de edad por parte de la justicia costarricense, ¿no habrá llegado también el momento de pensar en otro tipo de medidas? ¿Medidas tales como exigir, en beneficio de estas víctimas y de sus familiares, compensaciones y reparaciones como las observadas en Europa, así como medidas que en derecho internacional de los derechos humanos, se denominan las «garantías de no repetición» o GNR (Nota 7)?

Para nuestros estimables lectores poco familiarizados con este término, pero que conocen muy bien quienes trabajan en materia de derechos humanos, los referimos a lo que se lee en un extenso artículo publicado en el 2017 en México (UNAM) sobre las garantías de no repetición (o GNR) en el sistema interamericano de derechos humanos (DDHH):

La práctica interamericana ha sido vanguardista en el sentido de intentar maximizar la función preventiva del derecho con el uso de estas medidas; de hecho, la jurisprudencia de este siglo demuestra el interés por explorar las posibilidades que se tienen desde los estrados para configurar condiciones sociales generales más a tono con los requerimientos de la justicia en materia de DDHH, y no sólo para responder a las exigencias de la justicia en los casos individuales. Estas características de las GNR explican por qué su finalidad no es reparar integralmente a las víctimas —como a veces se juzga—, sino eliminar de manera directa una alegada deficiencia estructural del Estado para prevenir violaciones repetitivas (hacia el futuro) de los derechos humanos (Nota 8).

En un sentido similar al de plantear garantías de no repetición para Costa Rica, referimos también en esta parte conclusiva, a una carta del 2021 (véase texto) a las máximas autoridades eclesiales del Vaticano, firmada por varios relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas. Esta carta del 2021  fue precedida de una excitativa muy similar realizada sin éxito en abril del año 2019 (véase carta).

Notas

Nota 1: En su informe del 2021, la Comisión CIASE que investigó durante varios años los abusos a menores dentro de la Iglesia Católica en Francia, plantea en sus recomendaciones 8 y 43:

Transmitir, en nombre de las autoridades eclesiásticas, un mensaje claro indicando a los confesores y a los fieles que el secreto de confesión no puede derogar a la obligación, prevista en el Código Penal y conforme, según la comisión, a la obligación del derecho divino natural de proteger la vida y la dignidad de la persona, de denunciar ante las autoridades judiciales y administrativas los casos de abusos sexuales infligidos a un menor de edad o a una persona vulnerable.

Traducción libre del autor de:

Relayer, de la part des autorités de l’Église, un message clair indiquant aux confesseurs et aux fidèles que le secret de la confession ne peut déroger à l’obligation, prévue par le code pénal et conforme, selon la commission, à l’obligation de droit divin naturel de protection de la vie et de la dignité de la personne, de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable

(véase informe,  Les violences sexuelles dans l’Église catholique : France 1950-2020, rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE), 2021: recomendación 8, en página 51 así como recomendación 43, en página 63).

Nota 2: En una sentencia del juez constitucional colombiano sobre el derecho a la información de un comunicador en Medellín, y la negativa de la Iglesia Católica de Colombia de entregarla de manera completa y detallada (véase nota del sitio DeJusticia y sentencia SU191/22 descargable desde la misma nota, en el cuarto enlace insertado), el juez constitucional colombiano señaló que:

Todos los habitantes del país, y los miembros de las distintas iglesias no son la excepción, están sometidos a la Constitución y a las demás normas del ordenamiento en cumplimiento de los fines propios del Estado Social de Derecho. En ese sentido, desde los inicios de la jurisprudencia de esta Corporación se ha reconocido la indispensable intervención de los jueces constitucionales cuando se vinculan elementos de tipo religioso con consecuencias que afectan los derechos fundamentales tanto de la población en general como de miembros de las comunidades religiosas. Por lo tanto, no son oponibles disposiciones de funcionamiento interno de una entidad eclesiástica para limitar de manera desproporcionada el alcance de los derechos fundamentales de la población, ni en sus aspectos sustanciales ni procesales.

Nota 3: Desde esta nota del VaticanNews del mes de setiembre del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú, se espera que la Conferencia de Obispos Católicos de Costa Rica se manifieste al respecto, expresando su apoyo a la aprobación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica. Al 3 de agosto del 2025, se mantiene la espera.

Nota 4: Sobre el Estado del Vaticano y la Convención sobre los Derechos del Niño, véase el informe de investigación preparado por el Children Rights International Network (CRIN), titulado «Los abusos sexuales a niños y la Santa Sede. Necesidad de justicia, rendición de cuenta y reforma«. Texto integral disponible aquí.

Nota 5: Sobre la propuesta inicial en Bélgica, véase al respecto MONTERO E.; «Le Centre d’arbitrage en matiere d’abus sexuels, un solution inespérée pour les victimes de faits prescrits«, Université de Namur, 2013, 36 páginas. Texto disponible aquí. 

Nota 6: Para un un análisis de los resultados y hallazgos en Francia de esta comisión que tuvo acceso a toda la información que requirió, desde la perspectiva archivistica, véase, AIRIAU P., BOULLU Th., LANCIEN A., PORTIER Ph., «Les violences sexuelles sur mineurs dans l’Église : l’enquête de la Commission indépendante sur les abus sexuels (CIASE)«, La Gazette des archives, Vol. 266 (2022), pp. 191-204. Texto integral disponible aquí. 

Nota 7: En esta publicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede revisar en qué consisten esta medidas específicas (pp. 124-273). En materia ambiental, por ejemplo, podemos referir  la histórica sentencia contra Honduras del 2009 (caso de la ecologistas hondureña Jeannette Kawas Fernandez asesinada en Honduras, en particular párrafos  196-226 de la sentencia). Por «garantías de no repetición» que suelen aparecer en sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en complemento a las indemnizaciones por el daño moral, podríamos pensar en medidas tales como la creación de programas de asistencia a víctimas de abusos sexuales en parroquias católicas, la creación de fondos o fideicomisos que puedan acompañar a los familiares de estas víctimas ante la justicia penal costarricense, programas de becas de estudio, pero también programas comunitarios, programas radiales y televisivos de prevención sobre los riesgos que corren – por ejemplo –  los monaguillos y otros jóvenes al aceptar servir en sus parroquias, y muchas otras medidas de índole preventiva.

Nota 8: Véase LONDOÑO LAZARO M.C y HURTADO M., «Las garantías de no repetición en la práctica judicial interamericana y su potencial impacto en la creación de derecho nacional«, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, UNAM, 2017, pp. 725-775, p. 730. Texto integral de este extenso  artículo disponible aquí.  

Los Primeros Tiempos de la Telefonía

En la década de 1880, los costarricenses empezaron a conocer la existencia del teléfono como medio de comunicación. Aunque al principio parecía algo inalcanzable, en 1886 las primeras personas comenzaron a solicitar al gobierno permisos para desarrollar el servicio de telefonía en el país, convirtiendo el poseer un teléfono en un símbolo de estatus social.

La Primera Concesión

Luis Batres García Granados, quien también fue responsable de la iluminación de San José, fue uno de los primeros en promover el teléfono en Costa Rica. Aunque al inicio hubo quienes dudaron de su utilidad, fue gracias a su esfuerzo que, en 1887, Silas W. Hasting obtuvo la primera concesión telefónica, lo cual permitió la instalación de los primeros 50 teléfonos en San José y el establecimiento de una central telefónica en la capital.

A medida que el servicio se extendía, varias empresas hicieron esfuerzos para hacerlo más accesible en San José y las principales ciudades. Las centrales telefónicas atendían hasta las 10 de la noche, y se dejaba a un empleado de turno para responder a llamadas de emergencia. Para 1918, la Compañía de Teléfonos, dirigida por Felipe J. Alvarado, ofrecía servicio a la mayoría de los clientes en el país.

La Lista Selecta de Abonados

En aquella época, el acceso al teléfono era muy limitado y reservado para familias de renombre, incluyendo cafetaleros, empresarios, médicos, abogados y políticos. Algunos abonados destacados incluían a figuras como Otilio Ulate, Rafael Iglesias y Federico Tinoco, quienes estaban identificados con números telefónicos simples.

Desde sus inicios hasta convertirse en un servicio esencial, la historia de la telefonía en Costa Rica refleja cómo este país ha evolucionado y adoptado nuevas tecnologías para mejorar la comunicación entre sus habitantes.

Historia de la Telefonía en Costa Rica: Desde un Lujo hasta un Servicio Esencial

El 27 de septiembre del 2024, el Acuerdo de Escazú cumplió seis años desde que, en el marco de un evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, fue oficialmente abierto a la firma y ratificación por parte de los Estados (véase texto completo del Acuerdo de Escazú).

Como previsible, este nuevo aniversario pasó totalmente desapercibido en Costa Rica, así como en varios otros Estados que, conjuntamente con Costa Rica, fueron de los primeros en firmarlo en el 2018 (y cuyas actuales autoridades en el Poder Ejecutivo, seis años después, no consideran oportuno apoyar su aprobación legislativa). De igual manera. el pasado 4 de marzo, fecha en que se adoptó en el año 2018 este valioso instrumento regional en el cantón costarricense de Escazú, (luego de nueve largas rondas de negociación que duraron cinco años, siete meses y siete días), el mismo mutismo e indiferencia se observaron en Costa Rica.

No obstante el desinterés por parte de algunos Estados, el pasado 25 de septiembre Colombia procedió a culminar un largo proceso, al depositar formalmente ante la Secretaría General de Naciones Unidas, su instrumento de ratificación: de esta manera, Colombia se convierte en el Estado Parte número 17 del Acuerdo de Escazú, adoptado en el 2018.

Es de notar, a diferencia de otros depósitos del instrumento de ratificación, la presencia de sus máximas autoridades en la delegación oficial presente en Nueva York para el acto formal de entrega de dicho instrumento de ratificación (véase artículo de prensa con foto de la misma), 

Numerosos especialistas han descrito el texto adoptado en Escazú como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y gobernanza ambiental, y esto desde muy diversas perspectivas y disciplinas (Nota 1).

Un foro realizado en febrero del 2023 con dos eminentes especialistas costarricenses del derecho ambiental, titulado “Acuerdo de Escazú, ¿qué sigue?” y auspiciado por el medio digital costarricense LaRevista.cr (véase enlace) explicó los alcances del archivo por parte de la Asamblea Legislativa, reiterando de paso, la poca solidez de los supuestos «argumentos» difundidos en contra del Acuerdo de Escazú por varias cámaras empresariales costarricenses: se invita desde ya a nuestros estimables lectores a escuchar (y a reescuchar) este importante espacio de discusión y análisis, que permitió desnudar las maniobras y zancadillas de diversa índole que ha tenido que sufrir el Acuerdo de Escazú en Costa Rica en los últimos años, incluyendo las propinadas por la misma Sala Constitucional en dos ocasiones. 

Breve recuento sobre la tramitación en Colombia

Desde el 5 de noviembre del 2022, luego de que ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaron el texto del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo colombiano estuvo esperando pacientemente la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual se tomó casi dos años para declararse a favor del Acuerdo de Escazú (Nota 2). 

No se tiene información sobre las razones exactas por las que el estudio de este tratado internacional por parte de los magistrados constitucionales colombianos se extendió por tanto tiempo. Para tener idea de los plazos, podemos mencionar que:

• la ley de aprobación de la Convención Belém do Para para sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres fue sancionada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre del 1995 y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 4 de septiembre de 1996 (véase sentencia); 
• la ley aprobando el acuerdo bilateral de promoción comercial con Estados Unidos fue sancionada el 7 de julio del 2007 por el Poder Ejecutivo, y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 24 de julio del 2008 (véase texto); 
• la ley aprobando la Convención del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas fue sancionada por el Ejecutivo colombiano el 31 de julio del 2009 y la sentencia del juez constitucional viene con fecha del 21 de abril del 2010 (véase texto).

En el caso del Acuerdo de Escazú, la espera fue mucho mayor: en efecto, sancionada por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre del 2022, fue tan solamente el 28 de agosto del 2024 que la Corte de Constitucionalidad dio a a conocer su decisión favorable con respecto a la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú: véanse el comunicado oficial de las autoridades ambientales de Colombia y el comunicado oficial de la justicia constitucional colombiana que también merece ser revisado (disponible en este enlace).

Colombia viene así a sumarse a los 16 Estados que ya lo han ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), entre los cuales  figuran Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

A la fecha en América Latina, se mantienen distantes, al haber firmado el Poder Ejecutivo más no aprobado el Acuerdo de Escazú (atribución del Poder Legislativo), los siguientes Estados: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Es de notar que fueron los primeros Estados en firmar el Acuerdo de Escazú, el 27 de septiembre del 2018, conjuntamente con otros siete Estados, en Nueva York.

Entre los Estados de América Latina que ni tan siquiera lo han firmado (un acto que recae en el Poder Ejecutivo), persisten al momento de redactar estas líneas (2 de octubre del 2024): Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Fechas escogidas para depositar su instrumento de ratificación

Nótese, que, al igual que Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay en el 2019, la cancillería colombiana optó por depositar formalmente el instrumento de ratificación en una fecha cercana al 27 de septiembre: se trata, como indicado con anterioridad, del día en que formalmente este instrumento regional fue abierto a la firma de los Estados en Naciones Unidas, con ocasión de una ceremonia protocolaria realizada durante en evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 2018 

Otros Estados en cambio, escogieron una fecha cercana al 4 de marzo (fecha en que se adoptó dicho instrumento en Costa Rica en el 2018) para proceder formalmente al depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas: Belice en el 2023, así como Nicaragua y Panamá (2020).

En el caso de Chile (13 de junio), posiblemente sus autoridades buscaron depositar el instrumento de adhesión alrededor del 5 de junio del 2022 (Día Internacional del Ambiente), sin contar con los tiempos y plazos internos vigentes dentro del aparato diplomático de Chile.

Los aparatos diplomáticos de Argentina y de México coordinaron perfectamente para depositar, el 22 de enero de 2021, su respectivo instrumento de ratificación ante la Secretaría General de Naciones Unidas, lo que permitió la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (ambos Estados siendo la ratificación necesaria número 11) se materializara para la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril del 2021. Raramente se ha observado en Naciones Unidas una coordinación tan esmerada entre dos aparatos diplomáticos para  depositar de manera conjunta su respectivo instrumento de ratificación.

El Acuerdo de Escazú: viento en popa

Pese a la nula cobertura periodística en medios nacionales en Costa Rica, la tercera Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (COP3) se realizó en Santiago de Chile en abril del 2024 (véase documento preparatorio de marzo del 2024).

Entre otras decisiones, se aprobó el Plan de Acción sobre Defensora y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales (véade decisión y el documento titulado Plan de Acción), en gran medida a partir de los numerosos insumos recabados durante el II foro de Defensoras y Defensores realizado en la ciudad de Panamá en septiembre del 2023 (véase informe final). 

En el mes de abril del 2023, la COP2 se realizó en Buenos Aires, Argentina (véase informe final). Habíamos tenido la oportunidad de saludar, entre otros aspectos, el regreso de Chile en el 2023, como Estado Parte: véase nuestro artículo titulado «Acuerdo de Escazú: una segunda COP más que exitosa» publicado en el medio digital costarricense Delfino.cr.

En esta COP2 realizada en Argentina, los Estados Partes escogieron a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el órgano de expertos independientes, que crea el mismo tratado en su artículo 18  (véase enlace).

Para completar esta secuencia, la primera COP se reunió en abril del 2022 en Santiago de Chile (véase programa), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. En este enlace se puede consultar el informe final – de más de 70 páginas – de esta primera e histórica cita para el Acuerdo de Escazú y la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe. 

El éxito de este instrumento jurídico de vanguardia se evidencia no solamente con las decisiones tomadas en sus primeras tres Conferencias de Estados Partes: también al revisar los insumos reunidos para garantizar una correcta aplicación,  elaborados desde la misma CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú, la cual fue presentada formalmente en abril del 2022 (texto completo disponible aquí): para cada artículo, los Estados y las organizaciones de la sociedad civil, así como otros actores, disponen de un detallado análisis que los invita a acciones de muy diversa índole.

En lo que respecta específicamente a la implementación,  Chile es posiblemente el Estado que más esfuerzos está realizando desde que es Estado Parte al Acuerdo de Escazú. Incluso sus actuales autoridades ambientales realizaron un encuentro para celebrar los seis años del Acuerdo de Escazú (desde su apertura a firmas de Estados en Naciones Unidas), el 25 de septiembre del 2024 (véase enlace): se trata de una actividad más que viene a añadirse a una serie de iniciativas reunidas en este enlace especial sobre el Acuerdo de Escazú que mantienen sus autoridades ambientales  desde su sitio oficial.  Sin lugar a dudas, estas valiosas iniciativas en Chile deberían poder inspirar a muchos otros Estados Partes al Acuerdo de Escazú.

En octubre del 2023, Argentina por su parte se dotó de un verdadero «Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú» (véase documento), precedido por una «Ruta hacia la implementación / Argentina» elaborada desde la misma CEPAL (véase documento).

Resulta oportuno indicar que en el mes de mayo del 2024, la misma CEPAL puso a disposición del público y de los Estados una innovadora herramienta digital de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú: véase enlace a dicha plataforma.

Los notables avances en el Sur de América con relación al Acuerdo de Escazú pueden ser contrapuestos a la total falta de iniciativa gubernamental en Centroamérica para proteger a quienes alzan la voz en defensa del ambiente y resguardar sus derechos.

La persistente ausencia de Costa Rica

Resulta de cierto interés, en el caso de Costa Rica, recordar su persistente ausencia como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en … Costa Rica, luego de haber coliderado con Chile las negociaciones (Nota 3).  

Es de notar desde ya que durante los largos meses en los que examinó el Acuerdo de Escazú, la Corte de Constitucionalidad de Colombia no encontró ninguno de los extraños «hallazgos» del Poder Judicial de Costa Rica para dificultar su tramitación, a los que referimos en nuestro precitado artículo y en otro artículo anterior sobre los verdaderos «mitos» creados por algunos sectores en contra del Acuerdo de Escazú en Costa Rica (Nota 4).

Tampoco un solo magistrado colombiano detectó amenaza alguna en materia penal con un supuesto riesgo que significaría la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental:  un supuesto «argumento» presentado como tal por diversas cámaras empresariales costarricenses y una magistrada de la Sala Constitucional (Nota 5). 

Ya habíamos tenido la ocasión, en el 2023, de concluir que la soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina es latente, al precisar que:

Raramente un criterio interpretativo tan erróneo como equivocado de los jueces costarricenses ha quedado en evidencia de tan singular manera. Y raramente el criterio disidente (y solitario) de un magistrado de la Sala Constitucional se ha visto tan confortado por la práctica en otros Estados luego de haber sido externado (marzo del 2020)» (Nota 6).

El hecho que en ninguno de los 16 Estados que antes de Colombia, han ratificado el Acuerdo de Escazú, se haya observado alguna traba en sus respectivas economías o algun tipo de freno en proyectos de infraestructura, debiera de llamar a la reflexión a algunos sectores en Costa Rica: en particular unos cuantos, propensos a repetir como ciertos, supuestos «argumentos» ventilados desde un sector  del gremio empresarial en contra de este valioso instrumento regional.

Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de  salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»).

Cabe indicar que fueron varios los intentos en aras de debatir públicamente estos «argumentos» difundidos por cámaras empresariales con académicos y especialistas en materia ambiental y que todos fracasaron: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica.

Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitaba a las organizaciones de la empresa privada conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas en contra el Acuerdo de Escazú (como por ejemplo esta carta de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense) y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» es la tónica de algunos en Costa Rica.

Centroamérica y el Acuerdo de Escazú

No está de más indicar que la no aprobación por parte de Costa Rica produce efectos más allá del territorio costarricense, al ofrecer un inesperado argumento a los detractores al Acuerdo de Escazú en Centroamérica, en particular en Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Se trata de Estados centroamericanos que ya sea:

• persisten en no ratificarlo como Guatemala, el cual además, en el 2022 notificó una peculiar solicitud al Secretario General de Naciones Unidas, nunca observada con anterioridad con relación a un tratado sobre derechos humanos por parte de un Estado en América Latina. El único precedente similar encontrado refiere a notificaciones similares remitidas por Estados Unidos e Israel a Naciones Unidas en el 2002 para «retirar» su firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 (Nota 7); 
• o bien, de Estados que tan siquiera lo han firmado (caso de El Salvador y Honduras). 

En el caso de Guatemala, no se dispone de información para saber qué motivó semejante acción en diciembre del 2022 por parte de sus autoridades diplomáticas: se intuye que se trata de alguna oscura «leyenda» fabricada por asesores jurídicos del sector empresarial guatemalteco a finales del 2022 en contra del Acuerdo de Escazú.

Con relación a Costa Rica, no está de más señalar que, en un artículo de la publicación especializada costarricense Ojo al Clima, de abril del 2021, sobre los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos, en relación con su contenido, se lee algo muy llamativo que desde el mes de abril del 2021,  ameritaría algunas aclaraciones. En efecto, la negociadora del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica, la exviceministra de Ambiente costarricense, Patricia Madrigal Cordero, señala con respecto a una magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, lo siguiente:  

Una «aclaración» dada a conocer por la precitada magistrada constitucional y grabada durante un evento académico en la Facultad de Derecho de la UCR, plantea aún más dudas y evidencia su desconocimiento de la normativa ambiental vigente en Costa Rica y de los principios que la rigen (véase este documental  del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú producido por la UCR, a partir del minuto 4:56). Se lee en la parte final de este documental (unos de los pocos existentes en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú)  una frase que inicia señalando que «La Magistrada Hernández declinó dar declaraciones para este documental…«, minuto 8:45).

A modo de conclusión

Más allá de  las extrañas coincidencias entre la UCCAEP  y las preocupaciones de la precitada magistrada constitucional, el hecho que, a  6 años de la apertura a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica se mantenga distante con este valioso instrumento plantea algunas interrrogantes muy válidas: su imagen  internacional en el ámbito ambiental ha resultado bastante dañada desde que la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, en el mes de febrero del 2023 (Nota 8). 

El deterioro se ha ido  confirmando en los últimos años, con autoridades ambientales sumamente cuestionadas en meses recientes. En una comparecencia  relacionada a la polémica del momento en este segundo semestre del 2024 en Costa Rica, Gandoca Manzanillo (Nota 9), la máxima autoridad ambiental el pasado 6 de agosto (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones frente a los integrantes de la comisión legislativa.  

En el ámbito local, son recurrentes las acciones judiciales ante la negativa de las autoridades municipales de entregar información de carácter público sobre proyectos susceptibles de tener efectos negativos para el ambiente (véase, entre muchos otros casos, enlace a esta reciente acción legal – septiembre del 2024 – interpuesta contra el alcalde de San Rafael de Heredia por la ONG Conceverde). Ello sin mencionar el otorgamiento en modo «express» e inconsulto de permisos municipales para proyectos polémicos en distintas comunidades (véase por ejemplo nota del 2016 sobre el otorgamiento de permisos municipales a una planta asfáltica en San Miguel de Santo Domingo de Heredia).

A pesar del espectáculo bastante particular que Costa Rica ofrece a observadores de la vida internacional interesados en cuestiones ambientales, los principios rectores del Acuerdo de Escazú encontrarán en Colombia un terreno fértil ante la apremiante situación que conocen muchos líderes ecologistas y jefes de pequeñas comunidades rurales y/o indígenas colombianas al alzar la voz en defensa del ambiente. Las autoridades ambientales colombianas materializaron en marzo de 2024 un esfuerzo por facilitar el acceso a información pública en materia ambiental, lo cual debería ser saludado y replicado en otras partes del continente americano. (véase publicación oficial titulada «Política de transparencia y acceso a la información pública«).  

Después de Chile, en donde también la cúpula político-empresarial había logrado suscitar temores infundados en contra del Acuerdo de Escazú, a partir de supuestos «argumentos» entre el 2018 y el 2021,  Colombia hoy se suma a los Estados en favor de una gobernanza ambiental mucho más inclusiva y participativa en América Latina.

Es de esperar que este sostenido esfuerzo de la sociedad civil colombiana, articulado con el sector académico y con otros sectores de la sociedad colombiana en favor del Acuerdo de Escazú (Nota 10), que logró paulatinamente explicar lo falaz que resultaban muchos de los mitos y leyendas creados en contra de la protección de quienes defienden el ambiente, se logre replicar en un futuro en otras latitudes del continente americano, en particular en Centroamérica, pero también en el Sur del continente.

– – Notas – –

Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., “Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental“, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y algo voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: 

ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace;  así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs. Obra completa disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs.,  2020, Universidad del Litoral (Argentina). Obra completa disponible en este enlace. 

Nota 2: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Colombia a muy poco de ser oficialmente Estado Parte después de Chile (2022), Argentina y México (2021). Apuntes desde Costa Rica«, editada el 26 de octubre del 2022. Texto disponible aquí. 

Nota 3: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., » ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR),  16 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí. Con relación al carácter insólito del hallazgo hecho por el Poder Judicial, que al parecer no ha despertado mayores críticas en Costa Rica, remitimos al subtítulo «La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina» en nuestro artículo publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia, en su edición del 17 de noviembre del 2022.

Nota 5: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí. 

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: viento en popa. Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incopora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 10 de abril del 2023. texto disponible aquí. 

Nota 7: En una carta de las Naciones Unidas, se lee textualmente que Guatemala envió la siguiente notificación a Naciones Unidas el 20 de diciembre del 2022, en la que anuncia que no tiene intención alguna de ser Estado parte en el futuro. (véase parte baja de este enlace):

Los especialistas en paralelismos de forma podrán comparar la extraña carta de Guatemala del 2022 con la  (igualmente extraña) carta enviada por Israel al solicitar en el 2002 que su firma al Estatuto de Roma de 1998 que crea la Corte Penal Internacional (CPI) no surta efecto alguno. Se lee (véase parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones del Estatuto de Roma, punto 4) que:

El paralelismo de formas puede orientarse a la técnica del «cut and paste» al revisarse una carta similar de Estados Unidos en mayo del 2022, siempre a propósito del Estatuto de Roma y que se lee en el punto 14 en la parte final del estado oficial  de firmas y ratificaciones:

Nota 8: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior:

Varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à  la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia  internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«).  De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. 

Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa  de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.

Nota 9: Con relación a la última propuesta, algo ocurrente, de las máximas autoridades ambientales de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Gandoca  / Manzanillo: las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica«, editada el 11 de septiembre del 2024. Texto completo disponible aquí. 

Nota 10: Véase esta valiosa publicación editada en Colombia y titulada Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú, así como este enlace de la Universidad del Rosario, y, desde el sector académico este muy completo artículo  MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. El texto integral de este extenso artículo está disponible aquí. 

Desde el sector de la comunicación, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas” (véase enlace ), el cual responde a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de verdaderos mitos y leyendas, escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que cuentan con influyentes adeptos en el sector empresarial y relevos no menos influyentes en un sector de la prensa corporativa. No está de más referir también a esta opinión jurídica de la ONG colombiana DeJusticia a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en octubre del 2023 (véase texto).