Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho internacional público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 31 de julio, los dos protagonistas del documental costarricense titulado «El monaguillo, el cura y el jardinero»  así como el director del mismo, fueron invitados el programa radial de Interferencia de Radio Universidad de Costa Rica (UCR) (véase enlace). El 21 de julio del 2025, fue el programa mañanero de Desayunos de Radio UCR el que fue dedicado a este documental (véase enlace): en esta ocasión, se pudo contar con la presencia de su director, de su productora, desde México, y la de sus dos protagonistas.

Se trata de un esfuerzo muy valioso y valiente, desde la técnica del documental, en aras de visibilizar la denuncia hecha por dos jóvenes costarricenses, Anthony Venegas y Josué Alvarado, con relación a los abusos sexuales que sufrieron de niños por parte de un sacerdote en la parroquia católica de la localidad de Patarrá. Algunos extractos de este documental pueden desde ya ser revisados en este enlace. 

Esta nota de ElPais (España) del 3 de julio del 2025 fue publicada días después de su primera proyección en un sala de cine en Costa Rica, el 25 de junio del 2025, en el marco de un festival internacional de cine realizado en la capital costarricense (véase nota del Semanario Universidad). 

En esta otra nota del medio digital costarricense Delfino.cr se pueden conocer los horarios de proyección previstos durante esta cuarta y última semana del mes de julio del 2025, que posiblemente se extiendan por varias semanas más.

En las líneas que siguen, nos abocaremos, a partir de lo que se expone en este documental, a referir a algunas experiencias observadas en el exterior sobre este mismo tipo de denuncias en el seno de la Iglesia Católica, así como a las obligaciones internacionales que el Estado del Vaticano ha asumido con respecto a los derechos de la niñez. Este último aspecto, asociado con algunas regulaciones futuras, podría permitir a Costa Rica dotarse, como ha ocurrido en otras latitudes, de figuras, mecanismos, y medidas de carácter preventivo: siempre y cuando, claro está, se tenga voluntad en el seno de la clase política costarricense para lograrlo. 

A su vez, para el jurista, los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes interpela la ciencia jurídica y a los operadores de justicia, al observarse un gran diversidad en las respuestas legales y en las decisiones de tribunales de justicia ante hechos muy similares desde el punto de vista penal: niños abusados sexualmente en su parroquia (o en un colegio) por un clérigo, y una jerarquía eclesiástica que sí «sabía» y que no sancionó al religioso, sino que intentó encubrir estos abusos o protegerlo.

Abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia Católica en años recientes …

El tema de los abusos sexuales dentro la Iglesia Católica ha cobrado una particular relevancia ante la reiteración de revelaciones y de escándalos, siendo por ejemplo el motivo por el que, hace unos pocos años, un ícono en España (véase nota del ElPais de España del 2021) y otro ícono en Francia (véase nota de Le Figaro del 2025) dejaran de serlo.

Recientemente en España, un sacerdote católico en Ibiza fue condenado por abusar a varios menores de edad (véase nota de ElPais de España, del 11.07.2025). Esta extensa reseña de «l´affaire Barbarin» en Francia elaborada por los defensores de las víctimas da cuenta de las peripecias judiciales de toda índole a las que estuvieron confrontadas ante los estrados de la justicia gala y que concluyó con una declaratoria de absolutoria en el 2020 del cardenal, y con su renuncia aceptada por el Papa Francisco (véase nota de France24 en castellano del 6.03.2020).

En lo que respecta a América Latina, en sus observaciones generales de este 2025 al informe de Ecuador (véase documento CRC/C/ECU/CO/7, con fecha del 27.02.2025, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó una preocupación que posiblemente se deba extender a muchos otros Estados, al señalarle a Ecuador (párrafo 25):

La inexistencia de medidas para remediar la falta de cooperación de la Iglesia católica con las investigaciones sobre los casos de abuso sexual de niños cometidos por clérigos católicos.

Con relación a la región andina, en el 2024 se publicó la obra «El abuso sexual en contextos eclesiales. Análisis del caso chileno. Aprendizajes y Desafíos» (véase enlace y artículo sobre sus principales hallazgos): se trata de una investigación que se elaboró a partir de una petición del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, una instancia de la misma Iglesia Católica creada en el 2011. Es de notar que en el 2023, el Episcopado de Perú se solidarizó con la víctima y saludó la condena a cadena perpetua de uno de sus sacerdotes por abusar de una menor de edad (véase comunicado oficial del 13.05.2023).

En Costa Rica a raíz de lo ocurrido en la parroquia de Patarrá a finales de los 90 e inicios de los años 2000, en agosto del 2022, se indicó que la Iglesia Católica de Costa Rica fue condenada en lo civil a pagos millonarios por el daño moral provocado (véase cable de la agencia de noticias AP, en el que se hace ver que la Iglesia apelará esta primera sentencia). En febrero del 2023, se anunció que la Iglesia Católica costarricense finalmente alcanzó un «acuerdo» con algunas víctimas de abusos sexuales, sin que se precisara el nombre de las víctimas ni el contenido exacto del acuerdo, en razón de una «clausula de confidencialidad»  (véase cable de la agencia de noticias AP del 6/02/2023). 

El año siguiente (noviembre), al oponerse totalmente la Iglesia Católica a levantar el secreto de testimonios derivados de la confesión en un proyecto de ley, se leyó por parte de una diputada (véase artículo del Semanario Universidad del 1.11.2024) que:

Este proyecto de ley no busca perseguir a la Iglesia Católica ni a los religiosos. Con el mayor de los respetos, y siendo creyente, no puede el sigilo sacramental estar por encima de los derechos de nuestros menores y de nuestras personas discapacitadas; es más, no puede estar por encima del derecho de nadie.

Este proyecto de ley se tramita bajo el Expediente Legislativo 21.415 (véase texto): el informe de Servicios Técnicos sobre esta iniciativa de ley (véase documento)  reviste un interés relativo al hacer caso omiso de propuestas legales alcanzadas en varias partes del mundo para proteger a menores víctimas de abusos sexuales, de la Convención sobre Derechos del Niño de 1990 y de las observaciones e informes hechos por el Comité sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas. Tampoco se hace referencia en este informe de Servicios Técnicos a recomendaciones hechas por órganos de investigación como por ejemplo la comisión CIASE (véase enlace) en Francia sobre abusos de menores en el seno de la Iglesia Católica que hace una excitativa sobre este preciso punto en dos de sus recomendaciones (Nota 1). Tampoco refiere a sentencias dictaminadas por Corte de Constitucionalidad como la de Colombia (Nota 2). Es de notar que el vaivén de firmas de diputados se volvió a observar ante la Sala Constitucional en la consulta sobre el proyecto de ley 21.415 (véase resolución de la Sala de octubre del 2022, rechazando la solicitud, con voto salvado del magistrado Fernando Cruz, de lectura sugerida).

… con sentencias condenatorias apeladas por sacerdotes o la misma Iglesia Católica

Cabe indicar que las condenas penales contra sacerdotes pederastas son a veces apeladas y en algunos casos logran ser suspendidas, como ocurrió por ejemplo en julio del 2025, con un sacerdote condenado en mayo del 2018 en Argentina a 25 años de prisión (véase texto de la sentencia adoptada por la Corte Suprema de Justicia el 1ero de julio del 2025, y esta nota de ElPais de España del 2 de julio del 2025). En el 2020, en Paraguay un tribunal absolvió a un sacerdote acusado de acosar sexualmente a una menor de edad (véase nota de ElPeriodico, del 12.08.2020), con base en un razonamiento que debería interesar a quiénes se preocupan por el acoso sexual a niñas menores de edad y más generalmente a mujeres en general.

En el caso del sacerdote costarricense que abuso de niños en la parroquia de Patarrá, sus defensores apelaron la sentencia condenatoria, con argumentos que fueron rechazados por los jueces de una instancia superior (véase nota del Semanario Universidad del 28.04.2023).

De igual manera en España una decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó, luego de ser apelada, una sentencia contra un sacerdote español que abusaba regularmente de una alumna menor de edad en el colegio en el que impartía lecciones (véase sentencia del 23 de mayo del 2024 y nota oficial del Poder Judicial español). Nótese que la defensa legal del sacerdote involucrado no escatimó en sus esfuerzos, al sentirse obligado el Tribunal (página 12) a señalar que:

No se puede negar el esfuerzo que hay en los 154 folios en que se desarrollan esos tres primeros motivos de recurso; pero ello no debe ocultar su incorrecto enfoque, como tampoco servir para que, por tal extensión, se les dé un tratamiento distinto al que corresponde, según doctrina asentada por la jurisprudencia de esta Sala, repasada en el fundamento anterior, pues, como venimos insistiendo, en nuestra función de control casacional, no debemos entrar en una nueva valoración de la prueba practicada, que sustituya la realizada por el tribunal ante cuya presencia se desplegó.

En el caso de Australia, un tribunal de apelaciones rechazó una apelación de la Iglesia Católica que intentaba a toda costa evitar el pago de una indemnización en beneficio de una víctima de abuso sexual (véase nota  de febrero del 2024 sí como resolución y fallo de instancia publicados en Chile por el sitio jurídico especializado de DerechoConstitucional). En el caso de Colombia, ante una apelación muy similar, una sentencia de Casación en lo civil de la Corte Suprema de Justicia en el 2015 sentenció que la Iglesia Católica en Colombia es una, y que debe responder en lo civil por el daño que cause un sacerdote (véase sentencia), precisando que:

Esta particular situación jurídica permite a una víctima de actos ilícitos o culposos cometidos por un ministro del culto religioso en razón o con ocasión de su función, o prevalido de la posición que ocupa en esa organización, demandar indistintamente y de manera solidaria tanto a la parroquia a la que pertenezca el clérigo como a la diócesis a la que éste se encuentre incardinado, por lo que tanto una como otra persona jurídica de derecho público eclesiástico tienen legitimación por pasiva o para responder judicialmente las pretensiones que contra ellas se aduzcan en las señaladas circunstancias (p. 64).

Esta nota de prensa en Costa Rica del 2024 refiere a una condenatoria en primera instancia (véase nota de CRHoy del 3.04.2024) de otro sacerdote que el de la parroquia de Patarrá, y se espera saber si fue o no apelada por sus abogados.

Sería de gran interés conocer de una investigación sistematizando los diversos recursos legales presentados por la Iglesia Católica  y por sus sacerdotes para apelar sentencias penales condenatorias en su contra. 

Desde ya solicitamos a nuestros estimables lectores remitírnosla  – si es que existe – enviando el documento o el link si está desde ya disponible en línea al siguiente correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com. 

En lo personal, nos resulta bastante llamativo observar que, en vez de asumir el daño causado (incluyendo el daño moral) y pedir perdón a las víctimas y a toda una comunidad de feligreses profundamente conmocionada por la reiteración de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos, los asesores legales de estos últimos busquen la manera de obtener una suspensión de la condena penal o bien de evitar el pago de una indemnización a las víctimas, o bien de llegar a un «arreglo» con éstas que incluya una  cláusula de confidencialidad.

Poder Judicial e Iglesia Católica en Costa Rica: algunos datos de cierto interés pasados por alto

No está de más recordar que el sistema judicial de Costa Rica es integrado por personas que, a veces, se muestran, en sus labores como juzgadores, sumamente receptivas a las posiciones de la Iglesia Católica en algunos ámbitos muy específicos. 

Es así como en el pasado, Costa Rica se ha visto condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a un juez constitucional muy cercano a posiciones de la Iglesia Católica: 

– la opinión consultiva  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer a inicios del 2018 sobre derechos de la población sexualmente diversa (véase texto de la OC/24), y que fue solicitada por Costa Rica, respondió en gran parte a una negativa sostenida del juez constitucional de reconocer derechos a parejas del mismo sexo;  en esta sentencia del 2010 de la Sala Constitucional (véase texto) sobre una iniciativa que no prosperó de referendum por parte del Tribunal Supremo Electoral, los votos externados por algunos integrantes de la Sala Constitucional evidencian posiciones muy cercanas a las escuchadas por voceros de la Iglesia Católica. De igual manera se evidencian en algunos de los votos salvados de esta sentencia de agosto del 2018, haciendo ver de paso la dificultad extrema que algunos integrantes tienen con relación a lo decidido por el juez interamericano.

– la sentencia del 2012 de la Corte Interamericana contra Costa Rica sobre Fecundación in vitro (FIV) se originó en una decisión del año 2000 de la Sala Constitucional de anular el único marco regulatorio existente para la procreación artificial, y dio pié para una ardua batalla legal realizada por 19 parejas costarricenses contra esta decisión, que terminó en manos del juez interamericano (véase sentencia del juez interamericano del 2012).  En el 2016, una segunda sentencia de la misma Corte Interamericana relativa a la misma FIV … hizo ver la extrema dificultad para Costa Rica de acatar lo dictaminado en el 2012 por el juez interamericano (véase sentencia del 2016).

Se puede de igual manera referir a la denuncia contra Costa Rica sobre aborto que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que las víctimas no encontraran una respuesta por parte de los tribunales costarricenses (véase informe de admisibilidad del 2020 de la Comisión). Es de notar que la «norma técnica» adoptada mediante Decreto Ejecutivo sobre aborto terapéutico (véase texto) en diciembre del 2019 lo fue en razón de un compromiso previo de Costa Rica al aceptar en el 2015 una propuesta de solución amistosa con las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En abril del 2018, un silencio bastante extraño se apoderó de las máximas autoridades costarricenses con respecto al futuro de esta norma técnica (véase titular de artículo del Semanario Universidad del 30.04.2018). Un interesante artículo de «Doble Chek» de la UCR elaborado en marzo del 2019 sobre el aborto terapéutico y sobre la forma de presentarlo en una publicación de la Iglesia Católica se tituló «Fallas, grises y aciertos sobre el aborto en el EcoCatólico«.

En el 2020, un juez costarricense protagonizó con sus acciones y algunos de sus comentarios en redes sociales contra lo que denominó los «excesos» de Corte Interamericana de Derechos Humanos, un espectáculo algo inusal que fue referenciado por el Semanario Universidad (véase artículo del 5.02.2020 que incluye una entrevista al juzgador). 

Una Iglesia Católica ante sus obligaciones éticas y …

Si bien la Iglesia Católica se ha mostrado históricamente resistente a escuchar a las víctimas de abusos sexuales contra menores de edad, y a abrir sus archivos sobre las denuncias no atendidas así como como sobre los casos de sacerdotes «rotados» hacia otras parroquias (a raíz de denuncias en sus comunidades de feligreses por abusar sexualmente a menores), desde la asunción del Papa Francisco, las máximas autoridades en Roma han instruido a sus obispos en todo el mundo a cambiar de actitud: véase por ejemplo este mensaje muy reciente (marzo del 2025) de su Santidad el Papa Francisco, disponible en castellano, así como varias regulaciones relacionadas a la tramitación de denuncias por abusos sexuales contenidas en este enlace oficial del mismo Vaticano, todas bastante recientes.

Como observado en otros ámbitos como por ejemplo las reiteradas condenas de las exacciones de Israel contra la población  civil palestina en Gaza, la protección internacional del ambiente, la minería y las actividades extractivas contaminantes y los derechos de las comunidades aledañas (véase carta encíclica del 2015), o bien el llamado a la ratificación del Acuerdo de Escazú en América Latina (Nota 3), las posiciones de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Roma … no son siempre seguidas de efecto, y mucho menos de pronunciamientos por parte de los obispos costarricenses.

No está de más indicar lo que se lee por parte de la madre de un niño que fue abusado cuando era menor de edad en Bilbao (Pais Vasco, España) en este reportaje de la BBC (edición del 23.04.2025), titulado «Conocí al papa Francisco y me ayudó en mi denuncia de abusos sexuales en un colegio del Opus Dei, pero estoy decepcionado con la Iglesia«, cuando externa e los periodistas de la BBC que:

Hay una parte minoritaria de la Iglesia que sí entiende el tema de los abusos, que sí trabaja por la labor de dar respuesta, lo que pasa es que no es esa la que tiene el poder en la Iglesia de España.

 … sus obligaciones jurídicas internacionales

En el caso específico de las denuncias por abuso sexual contra menores de edad, desde el punto de vista internacional, no está de más recordar que, en derecho internacional público, la Santa Sede es considerada como un Estado: y que encontramos precisamente a la Santa Sede, al igual que Bélgica, Costa Rica, España, Francia, Italia, Irlanda o Suiza como Estado Parte a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 (véase estado actual oficial de firmas y ratificaciones). Se trata un instrumento multilateral de relevancia internacional, al igual que otra convención a la que también es Estado Parte el Vaticano: la Convención de 1966 para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

Estas convenciones establecen, como muchas otras de este tipo, mecanismos de monitoreo y de supervisión a los Estados Partes, a los que no escapa el Vaticano como Estado Parte.

En las observaciones al informe oficial remitido por el Estado del Vaticano al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (véase documento CRC/VA/CO/2, documento de febrero del 2014), se lee que:

8. El Comité tiene presente la doble naturaleza de la ratificación por la Santa Sede de la Convención sobre los Derechos del Niño como Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano y también como sujeto soberano de derecho internacional, poseedor de una personalidad jurídica original, autónoma e independiente de cualquier autoridad o jurisdicción. Aunque el Comité tiene plena conciencia de que los obispos y los principales directivos de los institutos religiosos no actúan como representantes o delegados del Romano Pontífice, observa que los subordinados en las órdenes religiosas católicas deben obediencia al Papa, de conformidad con los cánones 331 y 590 del Código de Derecho Canónico. Por consiguiente, el Comité recuerda a la Santa Sede que, al ratificar la Convención, asumió el compromiso de aplicarla no solo dentro del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también en su calidad de poder supremo de la Iglesia Católica en todo el mundo, por los particulares y las instituciones sujetos a su autoridad.

La Convención sobre Derechos de los Niños contempla mecanismos para que las víctimas puedan llevar las violaciones a las disposiciones de esta convención multilateral al conocimiento del órgano de tratado, a saber, el Comité de los Derechos del Niño (Nota 4). 

Ahora bien, si  se considera que:

• desde el 2012, a nivel europeo, existe un tratado regional que contiene regulaciones que deben de adoptar los Estados contra el abuso sexual de menores (véase texto), una convención en la que, lamentablemente, no encontramos a la Santa Sede como Estado Parte (véase enlace), y; 
• desde 1990 (fecha en que la Santa Sede aprobó la Convención de los Derechos del Niño como Estado), la Iglesia Católica sigue acumulando denuncias, revelaciones y escándalos a repetición en diversas partes del mundo por abuso sexual de menores que involucran en algunos casos a sus máximas autoridades, 

es también hora de pensar en utilizar los mecanismos internacionales de denuncia existentes a disposición de las víctimas de estos abusos contra el Estado del Vaticano como tal. Al respecto, es de precisar que el Vaticano sigue sin figurar entre los Estados Partes al denominado «Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones» del 2011 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). No se ha escuchado de campaña alguna para que ratifique este protocolo facultativo y sería de interés conocer las razones exactas por las que el Vaticano no desea ser Estado Parte a este protocolo que habilita a las víctimas a denunciar a un Estado ante el Comité de Derechos del Niño. En particular si se considera que el Vaticano sí es Estado Parte a dos protocolos a esta misma convención (véase estado oficial de firmas y ratificaciones sobre el protocolo relacionado a venta, prostitución y pornografía infantil del 2000 y estado de firmas y ratificaciones de otro protocolo sobre niños en situación en conflicto).

Los católicos de muchas partes del mundo no deberían conformarse con una Iglesia Católica  que se mantiene distante de un procedimiento internacional de denuncia para las víctimas, sacudida una y otra vez con escándalos a repetición, y con señalamientos sobre su encubrimiento: una entidad religiosa que sigue, al menos hasta la fecha, sin encontrar la manera de sancionar a sacerdotes pederastas en su seno.

En este sentido, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya le había hecho una excitativa a Italia en el 2019 para que se creara un mecanismo que investigara lo que ocurre en materia de abuso sexual a menores en el seno de la Iglesia Católica (véase y nota de la prensa italiana del 2019). Es de notar que el informe remitido por Italia en el 2022 fue considerado … como una verdadera «burla» por las asociaciones de víctimas y sus familiares (véase nota de The Guardian del 2022). 

Algunos esfuerzos más recientes

Este informe anterior del 2020 sobre abusos sexuales en Irlanda (véase versión en español) indicaba pistas a ser seguidas, que no lo fueron, o de manera muy aproximativa, en el caso de Italia.  

En Bélgica, en parte a raíz de la aprobación del convenio regional del 2012 antes mencionado en el marco europeo, se creó un «Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels«, órgano a cargo de conocer y de examinar hechos prescritos por la legislación penal de abusos sexuales contra menores de edad por parte de sacerdotes, con 168 víctimas identificadas y objeto de una indemnización cada una (véase nota encontrada en el sitio Cath.ch en Suiza del 2013): muy pocamente conocido y difundido, por razones que sería de sumo interés conocer, el mecanismo creado por Bélgica a raíz de recomendaciones hechas por una comisión de investigación del Parlamento belga y de la Iglesia Católica belga, merecería ser analizado y replicado (Nota 5). Una acción presentada ante la Corte Europea de Derechos Humanos contra Bélgica por varias víctimas belgas (véase enlace)  fue finalmente desechada por la Corte Europea de Derechos Humanos (véase sentencia) en el 2021, con un voto disidente de uno de sus integrantes cuya lectura se recomienda). En el 2023 se informó que la Fundación Dignity entregó a varias víctimas en Bélgica una suma superior a los 6 millones de Euros (véase nota de RTBF /Actus). 

La combinación belga comisión de arbitraje – fondo de reparación  a partir de un mecanismo instituido por una comisión mixta parlamentarios/Iglesia Católica ha inspirado en Suiza la creación del CECAR en el 2016 (véase enlace oficial), aún menos conocido: su último informe de actividades (2024) da cuenta de las reparaciones acordadas a las víctimas en Suiza a partir de reglas muy claras concertadas en el marco de su comisión de indemnización (véase enlace). El informe del CECAR titulado»Rapport concernant le projet pilote sur l’histoire des abus sexuels dans le contexte de l’Église catholique romaine en Suisse depuis le milieu du 20ème siècle» (2023) constituye un valioso esfuerzo.  

Después de la cuestionable manera de investigar este tipo de denuncias en Italia en el 2022, se han observado investigaciones mucho más integrales por parte de la misma Iglesia Católica, que ameritarían ser replicadas y mejoradas en diversas partes de mundo, Costa Rica incluida: 

• es así como en Francia, luego de 2 años y medio de investigaciones internas    dentro y fuera de la Iglesia Católica gala, se dio a conocer el informe final de la Comisión CIASE en octubre del 2021 (véase enlace) (Nota 6), realizado con base en el testimonio recogido de 216 000 víctimas de sacerdotes o religiosos. Desde 1950, se estima que 330 000 menores fueron abusados sexualmente en el seno de la Iglesia Católica gala. Una pregunta sobre los hallazgos en Francia de la Comisión CIASE por parte de un senador fue la ocasión para el ministerio del interior en Francia de detallar una serie de iniciativas tendientes a ayudar a las víctimas de abusos sexuales a partir de las recomendaciones de la Comisión CIASE: véase enlace a pregunta (julio 2022) y respuesta (agosto del 2023).
• en España, fue en el 2023 que se dio a conocer el «Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos» realizado por el Defensor del Pueblo en España (véase enlace). Un grupo de víctimas llevaron inicialmente sus pretensiones contra España unos años antes, ante la Corte Europea de Derechos Humanos, las cuales fueron rechazadas (véase sentencia, de junio del 2014, con una opinión disidente suscrita esta vez por ocho integrantes de la Corte, cuya lectura se recomienda).

Los ejemplos antes mencionados no cubren la gran cantidad de iniciativas existentes en diversas partes del mundo para enfrentar el problema de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica. Sí se puede indicar que comisiones de investigación inter-disciplinarias que reúnan a expertos de diversas ramas, a familiares de víctimas así como a integrantes de la Iglesia Católica en servicio o retirados (con una palabra más libre que los que siguen sometidos a las autoridades eclesiales), permiten un primer diagnóstico: ello en aras de tener una idea, en cada país, de los alcances de esta práctica y de proponer reformas legales que agilicen la tramitación mucho más expedita de este tipo de denuncias en vista de sancionar penalmente a los sacerdotes involucrados e indemnizar a las víctimas.  

No obstante esta apertura muy reciente observada en Roma, las pocas víctimas que han optado por alzar la voz  en muchas partes del mundo siguen esperando que los responsables sacerdotales de estos abusos sean sancionados por la justicia nacional: en octubre del 2024 una comisión pontifical en Roma del Vaticano reconoció que aún falta mucho por recorrer en diversas  partes del mundo (véase reportage de «The Guardian«). 

En este otro reportaje sobre la situación de varias niñas colombianas de la BBC difundido en marzo del 2025 (cuya lectura completa se recomienda: véase enlace) se lee que:

En los más de 20 años que han pasado desde los hechos que denuncian Natalia, Liliana, Paula, Gisele, Luisa, Carla y Orlando, numerosos casos de pederastia en la Iglesia católica han salido a la luz en todo el mundo, golpeando duramente su credibilidad.

No solo ha sido señalada de permitir que sacerdotes acusados sigan ejerciendo, sino de encubrirlos y de no colaborar a tiempo con la justicia civil para que sean investigados como cualquier otro ciudadano».

No está de más citar lo que se lee en esta extensa investigación  del equipo periodístico de Connectas, publicada en Perú, sobre las presiones dentro de la Iglesia Católica recibidas por cuatro sacerdotes peruanos por denunciar casos en su seno, y titulada «Pederastia en Perú: batalla al interior de la Iglesia«:

También había cartas firmadas por el mismo Desposorio y otros religiosos, dirigidas a líderes de la Iglesia católica. Denunciaban encubrimiento de obispos y vicarios, además de castigos que los dirigentes católicos habían llevado a cabo contra religiosos que, de acuerdo con él, han visibilizado a presuntos abusadores sexuales.

Un documental que delata un «sistema» para proteger a algunos en Costa Rica

En el caso de Costa Rica, el documental «El monaguillo, el cura y el jardinero» pone en evidencia que quien atendió las denuncias del joven Anthony en su calidad de Vicario (sin que ello fuera seguido de efecto), es hoy quien… encabeza la Iglesia Católica costarricense. 

Y que el sacerdote que oficiaba en la parroquia de Patarrá, autor de los hechos (entre 1996 y el 2003), luego de presentadas las denuncias, fue promovido dentro de la misma Iglesia Católica durante varios años en Costa Rica, como vocero oficial, antes de ser trasladado discretamente hacia México por su misma jerarquía. 

Se lee en este artículo del Semanario Universidad de octubre del 2019 que:

Las actuaciones del arzobispo Quirós son sujeto de estudio en el Vaticano, donde se recibió una denuncia en su contra por supuesto encubrimiento de delitos sexuales del sacerdote Mauricio Víquez. Quirós conocía de las denuncias contra Víquez desde 2003 y lo removió de parroquia. En 2018 lo premió nombrándolo Director del Instituto Arquidiocesano de Investigación Histórica y Patrimonial.

Las supuestas víctimas de Víquez también lo denunciaron civilmente por los mismos hechos. Aseguran que en 2018 cuando presentaron las denuncias canónicas formales, Quirós les dijo que el asunto «se le pasó».»

En esta nota de prensa anterior (febrero del 2019) sobre las «gestiones» de la Fiscalía de Costa Rica para dar con el paradero del mismo sacerdote de la parroquia de Patarrá, se lee que la Curia Metropolitana «desconoce» donde se encuentra el sacerdote.

Finalmente, no fue gracias a las «gestiones» de la Fiscalía, sino gracias a una campaña llevada por el mismo Anthony en México ante los medios de prensa mexicanos, fotos en mano, con entrevistas en los principales medios televisivos, que fue identificado, capturado en Monterrey y entregado a las autoridades judiciales costarricenses el fugitivo, de conformidad con una orden de captura emitida por la agencia internacional policial INTERPOL, en agosto del 2019 (véase artículo de la BBC del 20/08/2019). 

A la fecha se desconoce  a qué pudieron obedecer «gestiones» tan poco eficientes de la Fiscalía costarricense para llevar a las mismas víctimas a emprender ellas mismas un viaje a México … y lograr finalmente la captura del sacerdote fugitivo pocos días antes de que el caso prescribiera.

Nótese que en el 2019, a raíz de las denuncias sobre lo ocurrido en la parroquia de Patarrá con menores de edad, se logró adoptar el proyecto de ley 21.261 de manera a ampliar el plazo de prescripción de 10 a 25 años para denuncias por abusos sexuales contra menores en la legislación penal de Costa Rica (véase texto del Expediente Legislativo 21.261 y esta nota del medio digital Delfino.cr del 17.06.2019). En el 2024, en Bolivia se adoptó una ley que establece la imprescriptibilidad cuando las víctimas de abusos sexuales son menores de edad (véase texto).

Dos valientes luces en medio de la oscuridad, ahora  propulsadas al mundo, exhibiendo  … a Costa Rica

Al enorme valor que hay que saludar, demostrado por Anthony así como por Josué, así como por sus familiares y allegados, para denunciar y apoyar sus respectivas denuncias contra un sacerdote perteneciente a una entidad tan influyente como la Iglesia Católica en Costa Rica, hay que saludar el esfuerzo del director de este documental y la calidad de la película, ganadora reciente de un Festival internacional de Cine realizado en Costa Rica en la categoría documental (véase nota del 2 de julio del Semanario Universidad). 

Queda muy claro luego de haber visto este documental, que el caso de estos dos jóvenes es a penas la punta de un iceberg y que son en realidad muchas más las víctimas en Costa Rica de abusos de este tipo en sus parroquias. 

No se ha escuchado, al menos a la fecha de redactar estas líneas, de ninguna iniciativa tendiente realizar a una investigación exhaustiva, que pueda cuantificar la cantidad de víctimas potenciales de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos en Costa Rica. 

En junio del 2020 se anunció por parte de la Iglesia Católica la puesta en línea de guías para denuncias por abusos sexuales contra menores y la conformación de una Comisión de la misma Iglesia denominada CONAPROME (véase artículo del Semanario Universidad): revisando su sitio, no se visualiza un informe de actividades que permita conocer con mayor en detalle su labor y la cantidad de denuncias tramitadas y de sanciones a sacerdotes desde su creación, hace más de 5 años. La comparación con el informe «Para dar luz» (diciembre del 2023, versión actualizada a marzo del 2024, 962 páginas) dado a conocer en España por una comisión similar da una idea de lo que no se ha investigado en Costa Rica. En la página 154 de dicho informe sobre la Iglesia Católica española del 2023, se lee que:

Desde su creación, prevista por el motu propio Vos estis lux mundi, para antes del 1 de junio de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2023 las Oficinas para la protección de menores y prevención de abusos han recibido 908 testimonios de abusos sexuales cometidos contra menores en el ámbito de la Iglesia católica. De ellos, 361 testimonios fueron recibidos en las Oficinas diocesanas, 532 en las Oficinas de las congregaciones y 15 en las Oficinas de otras instituciones eclesiales. Algunos de esos testimonios se refieren a casos ya conocidos, que tuvieron su recorrido en los ámbitos civil y/o canónico. Otros se han conocido recientemente a partir de las denuncias presentadas en las oficinas o a través de los medios de comunicación.

Hacemos desde ya voto para que este documental sea proyectado en las diversas salas de cine en toda Costa Rica, en particular en sus siete provincias, pero también en colegios y escuelas de Costa Rica con foros que expliquen a padres de familia algunos aspectos, y que contribuya a romper el pesado silencio que ha imperado desde demasiado tiempo en muchas familias y pequeñas comunidades de feligreses. Los diversos estudios y comisiones de investigaciones consultadas en el marco de estas reflexiones coinciden en que las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes son usualmente, en su mayoría, niños con una edad que oscila entre los 10 y 14 años. 

Y ojalá que, liberada la palabra, se multipliquen acciones como las de Anthony y las de Josué ante la justicia costarricense contra sacerdotes que debieran de ser inmediatamente sancionados por su jerarquía (en vez de ser protegidos y discretamente «rotados»).  

Coincidencia (o no) de la difusión de este documental, fue hace pocos días que ilustres nadadoras que le dieron medallas olímpicas a Costa Rica en los años 90 denunciaron los abusos a los que fueron sometidas por su entrenador de natación, con hechos que remontan a hace más de 37 años (véase nota de prensa de Radio UCR).

Con relación a los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, tampoco se ha escuchado de una iniciativa desde las mismas autoridades públicas costarricenses al respecto, que tienen también algún grado de responsabilidad: esta responsabilidad deriva, a diferencia de la mayoría de los Estados,  de la misma… Constitución Política. En efecto, para quienes nos lean (tal vez) desde otras latitudes, Costa Rica persiste desde el punto de vista jurídico en mantenerse como el único Estado en América Latina en tener una religión oficial de Estado. En efecto, al leerse el Artículo 75 de la Constitución de Costa Rica (siempre vigente), se lee que:

ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.

En el 2011, se supo de negociaciones entre Costa Rica y la Santa Sede de cara a establecer un nuevo concordato, sin que ello fuese objeto de debate público tal y como solicitado por algunos sectores: véase posiblemente uno de los pocos artículos de prensa al respecto del Semanario Universidad, titulado precisamente «Piden discusión pública antes de negociar concordato con la iglesia«, editado el 6 de julio del 2011. En este otro enlace de octubre del 2011 del CIDCE, se discutió sobre la conveniencia de semejante iniciativa. En mayo del 2016, se informó que se «relegaba» la negociación de dicho concordato (véase nota de La Nación).

Más allá de la voluntad expresada en el 2011 de las autoridades diplomáticas de Costa Rica de negociar un nuevo concordato con el Estado del Vaticano (y ello sin mayores consultas ni publicidad), es muy probable que abusos sexuales contra menores de edad se estén dando también dentro de otros credos religiosos en Costa Rica: desde este punto de vista, resulta incorrecto designar a la Iglesia Católica como la única entidad religiosa padeciendo de estas prácticas. 

De igual manera, dentro de la Iglesia Católica, no se puede nunca generalizar, sino que son algunos sacerdotes en Costa Rica (pero… ¿cuántos? y… ¿desde cuando? … y … ¿cuántos niños y niñas abusaron?  y … ¿qué tipo de sanciones recibieron?… y muchas preguntas más) los que se han prestado para abusar de menores en sus respectivas parroquias. 

Lo que sí pone en evidencia este documental de manera magistral, con imágenes de rostros de autoridades religiosas que lo dicen todo, es el velado «sistema» de encubrimiento y de «rotación» que han aplicado las instancias superioras de la Iglesia Católica cuando les han llegado denuncias contra un sacerdote por abusos contra menores. Este verdadero «sistema» no es propio de la Iglesia Católica en Costa Rica, sino que se ha observado y ampliamente documentado en los informes antes citados elaborados en Irlanda, en Bélgica, en Francia, en España y en Suiza en años recientes,  así como en otras investigaciones sobre denuncias de este tipo.  En una interesante entrevista publicada en Francia en la revista Etudes en diciembre del 2018, titulada «Pédophilie dans l´Eglise: restaurer la crédibilité» (descargable en línea), se lee que para la teóloga gala:

L’Église est fondée sur la confiance, puisqu’elle est fondée sur le témoignage. Elle est avant tout une communauté de témoins qui repose sur les témoins de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. Le témoin est celui auquel on fait confiance, cru sur parole. On comprend alors le séisme que cela représente lorsque la confiance est entamée ou, pire, trahie et piétiné«… / … «Le fait de le cacher représente le scandale par excellence. On ne peut pas prétendre que l’on ne savait pas, puisque précisément on avoue l’avoir caché ! Bien sûr, il est difficile de détecter des tendances pédocriminelles chez des jeunes gens en formation. Et c’est là une vraie préoccupation des formateurs. Aucune institution ne peut prétendre qu’aucun de ses membres ne sera jamais de ces agresseurs-là. Aucun discernement ne sera suffisant, alors même que tout doit être entrepris pour évaluer au mieux, avec le plus de compétences. Mais cacher les affaires, c’est autre chose. Et c’est bien tristement et scandaleusement ce qui a favorisé la perpétuation de certains de ces crimes.

A modo de conclusión

El documental «El monaguillo, el cura y el jardinero«, exhibe una grave y persistente omisión de la Iglesia Católica costarricense y del Estado, tanto ante la misma sociedad costarricense como ahora ante el mundo (conforme sea presentado este documental en festivales internacionales de cine).

¿Acaso la cúpula católica realizó cambios significativos para abrir sus archivos y para sancionar a los responsables de estos abusos sexuales perpetrados hace muchos años y que en muchos casos han caído en un pesado silencio? Un silencio en el que las víctimas han optado, en algunos casos, por las drogas, el alcool, el suicidio o bien por replicar los abusos de los que fueron víctimas en el seno de sus propias familias: esta entrevista en ElPais (España) del 2022 a otro costarricense víctima de abusos por parte de un sacerdote bien explica la «autodestrucción» interna que sufren muchas veces las victimas, en el silencio más absoluto.

Salvo error de nuestra parte, no se han observado cambios de la Iglesia Católica costarricense en los últimos años ni tampoco reformas legales: la entrevista en Desayunos de Radio UCR a Anthony con la que iniciamos estas reflexiones, así lo da a entender.  

Si el daño provocado a un número indeterminado  de menores de edad costarricenses no se conoce, y si el precitado «sistema» que denuncia de manera documentada «El monaguillo, el cura y el jardinero» persiste, además de las sanciones penales individuales contra sacerdotes que abusan de menores de edad por parte de la justicia costarricense, ¿no habrá llegado también el momento de pensar en otro tipo de medidas? ¿Medidas tales como exigir, en beneficio de estas víctimas y de sus familiares, compensaciones y reparaciones como las observadas en Europa, así como medidas que en derecho internacional de los derechos humanos, se denominan las «garantías de no repetición» o GNR (Nota 7)?

Para nuestros estimables lectores poco familiarizados con este término, pero que conocen muy bien quienes trabajan en materia de derechos humanos, los referimos a lo que se lee en un extenso artículo publicado en el 2017 en México (UNAM) sobre las garantías de no repetición (o GNR) en el sistema interamericano de derechos humanos (DDHH):

La práctica interamericana ha sido vanguardista en el sentido de intentar maximizar la función preventiva del derecho con el uso de estas medidas; de hecho, la jurisprudencia de este siglo demuestra el interés por explorar las posibilidades que se tienen desde los estrados para configurar condiciones sociales generales más a tono con los requerimientos de la justicia en materia de DDHH, y no sólo para responder a las exigencias de la justicia en los casos individuales. Estas características de las GNR explican por qué su finalidad no es reparar integralmente a las víctimas —como a veces se juzga—, sino eliminar de manera directa una alegada deficiencia estructural del Estado para prevenir violaciones repetitivas (hacia el futuro) de los derechos humanos (Nota 8).

En un sentido similar al de plantear garantías de no repetición para Costa Rica, referimos también en esta parte conclusiva, a una carta del 2021 (véase texto) a las máximas autoridades eclesiales del Vaticano, firmada por varios relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas. Esta carta del 2021  fue precedida de una excitativa muy similar realizada sin éxito en abril del año 2019 (véase carta).

Notas

Nota 1: En su informe del 2021, la Comisión CIASE que investigó durante varios años los abusos a menores dentro de la Iglesia Católica en Francia, plantea en sus recomendaciones 8 y 43:

Transmitir, en nombre de las autoridades eclesiásticas, un mensaje claro indicando a los confesores y a los fieles que el secreto de confesión no puede derogar a la obligación, prevista en el Código Penal y conforme, según la comisión, a la obligación del derecho divino natural de proteger la vida y la dignidad de la persona, de denunciar ante las autoridades judiciales y administrativas los casos de abusos sexuales infligidos a un menor de edad o a una persona vulnerable.

Traducción libre del autor de:

Relayer, de la part des autorités de l’Église, un message clair indiquant aux confesseurs et aux fidèles que le secret de la confession ne peut déroger à l’obligation, prévue par le code pénal et conforme, selon la commission, à l’obligation de droit divin naturel de protection de la vie et de la dignité de la personne, de signaler aux autorités judiciaires et administratives les cas de violences sexuelles infligées à un mineur ou à une personne vulnérable

(véase informe,  Les violences sexuelles dans l’Église catholique : France 1950-2020, rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE), 2021: recomendación 8, en página 51 así como recomendación 43, en página 63).

Nota 2: En una sentencia del juez constitucional colombiano sobre el derecho a la información de un comunicador en Medellín, y la negativa de la Iglesia Católica de Colombia de entregarla de manera completa y detallada (véase nota del sitio DeJusticia y sentencia SU191/22 descargable desde la misma nota, en el cuarto enlace insertado), el juez constitucional colombiano señaló que:

Todos los habitantes del país, y los miembros de las distintas iglesias no son la excepción, están sometidos a la Constitución y a las demás normas del ordenamiento en cumplimiento de los fines propios del Estado Social de Derecho. En ese sentido, desde los inicios de la jurisprudencia de esta Corporación se ha reconocido la indispensable intervención de los jueces constitucionales cuando se vinculan elementos de tipo religioso con consecuencias que afectan los derechos fundamentales tanto de la población en general como de miembros de las comunidades religiosas. Por lo tanto, no son oponibles disposiciones de funcionamiento interno de una entidad eclesiástica para limitar de manera desproporcionada el alcance de los derechos fundamentales de la población, ni en sus aspectos sustanciales ni procesales.

Nota 3: Desde esta nota del VaticanNews del mes de setiembre del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú, se espera que la Conferencia de Obispos Católicos de Costa Rica se manifieste al respecto, expresando su apoyo a la aprobación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica. Al 3 de agosto del 2025, se mantiene la espera.

Nota 4: Sobre el Estado del Vaticano y la Convención sobre los Derechos del Niño, véase el informe de investigación preparado por el Children Rights International Network (CRIN), titulado «Los abusos sexuales a niños y la Santa Sede. Necesidad de justicia, rendición de cuenta y reforma«. Texto integral disponible aquí.

Nota 5: Sobre la propuesta inicial en Bélgica, véase al respecto MONTERO E.; «Le Centre d’arbitrage en matiere d’abus sexuels, un solution inespérée pour les victimes de faits prescrits«, Université de Namur, 2013, 36 páginas. Texto disponible aquí. 

Nota 6: Para un un análisis de los resultados y hallazgos en Francia de esta comisión que tuvo acceso a toda la información que requirió, desde la perspectiva archivistica, véase, AIRIAU P., BOULLU Th., LANCIEN A., PORTIER Ph., «Les violences sexuelles sur mineurs dans l’Église : l’enquête de la Commission indépendante sur les abus sexuels (CIASE)«, La Gazette des archives, Vol. 266 (2022), pp. 191-204. Texto integral disponible aquí. 

Nota 7: En esta publicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede revisar en qué consisten esta medidas específicas (pp. 124-273). En materia ambiental, por ejemplo, podemos referir  la histórica sentencia contra Honduras del 2009 (caso de la ecologistas hondureña Jeannette Kawas Fernandez asesinada en Honduras, en particular párrafos  196-226 de la sentencia). Por «garantías de no repetición» que suelen aparecer en sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en complemento a las indemnizaciones por el daño moral, podríamos pensar en medidas tales como la creación de programas de asistencia a víctimas de abusos sexuales en parroquias católicas, la creación de fondos o fideicomisos que puedan acompañar a los familiares de estas víctimas ante la justicia penal costarricense, programas de becas de estudio, pero también programas comunitarios, programas radiales y televisivos de prevención sobre los riesgos que corren – por ejemplo –  los monaguillos y otros jóvenes al aceptar servir en sus parroquias, y muchas otras medidas de índole preventiva.

Nota 8: Véase LONDOÑO LAZARO M.C y HURTADO M., «Las garantías de no repetición en la práctica judicial interamericana y su potencial impacto en la creación de derecho nacional«, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, UNAM, 2017, pp. 725-775, p. 730. Texto integral de este extenso  artículo disponible aquí.  

Los Primeros Tiempos de la Telefonía

En la década de 1880, los costarricenses empezaron a conocer la existencia del teléfono como medio de comunicación. Aunque al principio parecía algo inalcanzable, en 1886 las primeras personas comenzaron a solicitar al gobierno permisos para desarrollar el servicio de telefonía en el país, convirtiendo el poseer un teléfono en un símbolo de estatus social.

La Primera Concesión

Luis Batres García Granados, quien también fue responsable de la iluminación de San José, fue uno de los primeros en promover el teléfono en Costa Rica. Aunque al inicio hubo quienes dudaron de su utilidad, fue gracias a su esfuerzo que, en 1887, Silas W. Hasting obtuvo la primera concesión telefónica, lo cual permitió la instalación de los primeros 50 teléfonos en San José y el establecimiento de una central telefónica en la capital.

A medida que el servicio se extendía, varias empresas hicieron esfuerzos para hacerlo más accesible en San José y las principales ciudades. Las centrales telefónicas atendían hasta las 10 de la noche, y se dejaba a un empleado de turno para responder a llamadas de emergencia. Para 1918, la Compañía de Teléfonos, dirigida por Felipe J. Alvarado, ofrecía servicio a la mayoría de los clientes en el país.

La Lista Selecta de Abonados

En aquella época, el acceso al teléfono era muy limitado y reservado para familias de renombre, incluyendo cafetaleros, empresarios, médicos, abogados y políticos. Algunos abonados destacados incluían a figuras como Otilio Ulate, Rafael Iglesias y Federico Tinoco, quienes estaban identificados con números telefónicos simples.

Desde sus inicios hasta convertirse en un servicio esencial, la historia de la telefonía en Costa Rica refleja cómo este país ha evolucionado y adoptado nuevas tecnologías para mejorar la comunicación entre sus habitantes.

Historia de la Telefonía en Costa Rica: Desde un Lujo hasta un Servicio Esencial

El 27 de septiembre del 2024, el Acuerdo de Escazú cumplió seis años desde que, en el marco de un evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, fue oficialmente abierto a la firma y ratificación por parte de los Estados (véase texto completo del Acuerdo de Escazú).

Como previsible, este nuevo aniversario pasó totalmente desapercibido en Costa Rica, así como en varios otros Estados que, conjuntamente con Costa Rica, fueron de los primeros en firmarlo en el 2018 (y cuyas actuales autoridades en el Poder Ejecutivo, seis años después, no consideran oportuno apoyar su aprobación legislativa). De igual manera. el pasado 4 de marzo, fecha en que se adoptó en el año 2018 este valioso instrumento regional en el cantón costarricense de Escazú, (luego de nueve largas rondas de negociación que duraron cinco años, siete meses y siete días), el mismo mutismo e indiferencia se observaron en Costa Rica.

No obstante el desinterés por parte de algunos Estados, el pasado 25 de septiembre Colombia procedió a culminar un largo proceso, al depositar formalmente ante la Secretaría General de Naciones Unidas, su instrumento de ratificación: de esta manera, Colombia se convierte en el Estado Parte número 17 del Acuerdo de Escazú, adoptado en el 2018.

Es de notar, a diferencia de otros depósitos del instrumento de ratificación, la presencia de sus máximas autoridades en la delegación oficial presente en Nueva York para el acto formal de entrega de dicho instrumento de ratificación (véase artículo de prensa con foto de la misma), 

Numerosos especialistas han descrito el texto adoptado en Escazú como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y gobernanza ambiental, y esto desde muy diversas perspectivas y disciplinas (Nota 1).

Un foro realizado en febrero del 2023 con dos eminentes especialistas costarricenses del derecho ambiental, titulado “Acuerdo de Escazú, ¿qué sigue?” y auspiciado por el medio digital costarricense LaRevista.cr (véase enlace) explicó los alcances del archivo por parte de la Asamblea Legislativa, reiterando de paso, la poca solidez de los supuestos «argumentos» difundidos en contra del Acuerdo de Escazú por varias cámaras empresariales costarricenses: se invita desde ya a nuestros estimables lectores a escuchar (y a reescuchar) este importante espacio de discusión y análisis, que permitió desnudar las maniobras y zancadillas de diversa índole que ha tenido que sufrir el Acuerdo de Escazú en Costa Rica en los últimos años, incluyendo las propinadas por la misma Sala Constitucional en dos ocasiones. 

Breve recuento sobre la tramitación en Colombia

Desde el 5 de noviembre del 2022, luego de que ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaron el texto del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo colombiano estuvo esperando pacientemente la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual se tomó casi dos años para declararse a favor del Acuerdo de Escazú (Nota 2). 

No se tiene información sobre las razones exactas por las que el estudio de este tratado internacional por parte de los magistrados constitucionales colombianos se extendió por tanto tiempo. Para tener idea de los plazos, podemos mencionar que:

• la ley de aprobación de la Convención Belém do Para para sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres fue sancionada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre del 1995 y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 4 de septiembre de 1996 (véase sentencia); 
• la ley aprobando el acuerdo bilateral de promoción comercial con Estados Unidos fue sancionada el 7 de julio del 2007 por el Poder Ejecutivo, y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 24 de julio del 2008 (véase texto); 
• la ley aprobando la Convención del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas fue sancionada por el Ejecutivo colombiano el 31 de julio del 2009 y la sentencia del juez constitucional viene con fecha del 21 de abril del 2010 (véase texto).

En el caso del Acuerdo de Escazú, la espera fue mucho mayor: en efecto, sancionada por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre del 2022, fue tan solamente el 28 de agosto del 2024 que la Corte de Constitucionalidad dio a a conocer su decisión favorable con respecto a la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú: véanse el comunicado oficial de las autoridades ambientales de Colombia y el comunicado oficial de la justicia constitucional colombiana que también merece ser revisado (disponible en este enlace).

Colombia viene así a sumarse a los 16 Estados que ya lo han ratificado (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), entre los cuales  figuran Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

A la fecha en América Latina, se mantienen distantes, al haber firmado el Poder Ejecutivo más no aprobado el Acuerdo de Escazú (atribución del Poder Legislativo), los siguientes Estados: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Es de notar que fueron los primeros Estados en firmar el Acuerdo de Escazú, el 27 de septiembre del 2018, conjuntamente con otros siete Estados, en Nueva York.

Entre los Estados de América Latina que ni tan siquiera lo han firmado (un acto que recae en el Poder Ejecutivo), persisten al momento de redactar estas líneas (2 de octubre del 2024): Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Fechas escogidas para depositar su instrumento de ratificación

Nótese, que, al igual que Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay en el 2019, la cancillería colombiana optó por depositar formalmente el instrumento de ratificación en una fecha cercana al 27 de septiembre: se trata, como indicado con anterioridad, del día en que formalmente este instrumento regional fue abierto a la firma de los Estados en Naciones Unidas, con ocasión de una ceremonia protocolaria realizada durante en evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 2018 

Otros Estados en cambio, escogieron una fecha cercana al 4 de marzo (fecha en que se adoptó dicho instrumento en Costa Rica en el 2018) para proceder formalmente al depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas: Belice en el 2023, así como Nicaragua y Panamá (2020).

En el caso de Chile (13 de junio), posiblemente sus autoridades buscaron depositar el instrumento de adhesión alrededor del 5 de junio del 2022 (Día Internacional del Ambiente), sin contar con los tiempos y plazos internos vigentes dentro del aparato diplomático de Chile.

Los aparatos diplomáticos de Argentina y de México coordinaron perfectamente para depositar, el 22 de enero de 2021, su respectivo instrumento de ratificación ante la Secretaría General de Naciones Unidas, lo que permitió la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (ambos Estados siendo la ratificación necesaria número 11) se materializara para la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril del 2021. Raramente se ha observado en Naciones Unidas una coordinación tan esmerada entre dos aparatos diplomáticos para  depositar de manera conjunta su respectivo instrumento de ratificación.

El Acuerdo de Escazú: viento en popa

Pese a la nula cobertura periodística en medios nacionales en Costa Rica, la tercera Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (COP3) se realizó en Santiago de Chile en abril del 2024 (véase documento preparatorio de marzo del 2024).

Entre otras decisiones, se aprobó el Plan de Acción sobre Defensora y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales (véade decisión y el documento titulado Plan de Acción), en gran medida a partir de los numerosos insumos recabados durante el II foro de Defensoras y Defensores realizado en la ciudad de Panamá en septiembre del 2023 (véase informe final). 

En el mes de abril del 2023, la COP2 se realizó en Buenos Aires, Argentina (véase informe final). Habíamos tenido la oportunidad de saludar, entre otros aspectos, el regreso de Chile en el 2023, como Estado Parte: véase nuestro artículo titulado «Acuerdo de Escazú: una segunda COP más que exitosa» publicado en el medio digital costarricense Delfino.cr.

En esta COP2 realizada en Argentina, los Estados Partes escogieron a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el órgano de expertos independientes, que crea el mismo tratado en su artículo 18  (véase enlace).

Para completar esta secuencia, la primera COP se reunió en abril del 2022 en Santiago de Chile (véase programa), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. En este enlace se puede consultar el informe final – de más de 70 páginas – de esta primera e histórica cita para el Acuerdo de Escazú y la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe. 

El éxito de este instrumento jurídico de vanguardia se evidencia no solamente con las decisiones tomadas en sus primeras tres Conferencias de Estados Partes: también al revisar los insumos reunidos para garantizar una correcta aplicación,  elaborados desde la misma CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú, la cual fue presentada formalmente en abril del 2022 (texto completo disponible aquí): para cada artículo, los Estados y las organizaciones de la sociedad civil, así como otros actores, disponen de un detallado análisis que los invita a acciones de muy diversa índole.

En lo que respecta específicamente a la implementación,  Chile es posiblemente el Estado que más esfuerzos está realizando desde que es Estado Parte al Acuerdo de Escazú. Incluso sus actuales autoridades ambientales realizaron un encuentro para celebrar los seis años del Acuerdo de Escazú (desde su apertura a firmas de Estados en Naciones Unidas), el 25 de septiembre del 2024 (véase enlace): se trata de una actividad más que viene a añadirse a una serie de iniciativas reunidas en este enlace especial sobre el Acuerdo de Escazú que mantienen sus autoridades ambientales  desde su sitio oficial.  Sin lugar a dudas, estas valiosas iniciativas en Chile deberían poder inspirar a muchos otros Estados Partes al Acuerdo de Escazú.

En octubre del 2023, Argentina por su parte se dotó de un verdadero «Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú» (véase documento), precedido por una «Ruta hacia la implementación / Argentina» elaborada desde la misma CEPAL (véase documento).

Resulta oportuno indicar que en el mes de mayo del 2024, la misma CEPAL puso a disposición del público y de los Estados una innovadora herramienta digital de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú: véase enlace a dicha plataforma.

Los notables avances en el Sur de América con relación al Acuerdo de Escazú pueden ser contrapuestos a la total falta de iniciativa gubernamental en Centroamérica para proteger a quienes alzan la voz en defensa del ambiente y resguardar sus derechos.

La persistente ausencia de Costa Rica

Resulta de cierto interés, en el caso de Costa Rica, recordar su persistente ausencia como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en … Costa Rica, luego de haber coliderado con Chile las negociaciones (Nota 3).  

Es de notar desde ya que durante los largos meses en los que examinó el Acuerdo de Escazú, la Corte de Constitucionalidad de Colombia no encontró ninguno de los extraños «hallazgos» del Poder Judicial de Costa Rica para dificultar su tramitación, a los que referimos en nuestro precitado artículo y en otro artículo anterior sobre los verdaderos «mitos» creados por algunos sectores en contra del Acuerdo de Escazú en Costa Rica (Nota 4).

Tampoco un solo magistrado colombiano detectó amenaza alguna en materia penal con un supuesto riesgo que significaría la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental:  un supuesto «argumento» presentado como tal por diversas cámaras empresariales costarricenses y una magistrada de la Sala Constitucional (Nota 5). 

Ya habíamos tenido la ocasión, en el 2023, de concluir que la soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina es latente, al precisar que:

Raramente un criterio interpretativo tan erróneo como equivocado de los jueces costarricenses ha quedado en evidencia de tan singular manera. Y raramente el criterio disidente (y solitario) de un magistrado de la Sala Constitucional se ha visto tan confortado por la práctica en otros Estados luego de haber sido externado (marzo del 2020)» (Nota 6).

El hecho que en ninguno de los 16 Estados que antes de Colombia, han ratificado el Acuerdo de Escazú, se haya observado alguna traba en sus respectivas economías o algun tipo de freno en proyectos de infraestructura, debiera de llamar a la reflexión a algunos sectores en Costa Rica: en particular unos cuantos, propensos a repetir como ciertos, supuestos «argumentos» ventilados desde un sector  del gremio empresarial en contra de este valioso instrumento regional.

Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de  salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»).

Cabe indicar que fueron varios los intentos en aras de debatir públicamente estos «argumentos» difundidos por cámaras empresariales con académicos y especialistas en materia ambiental y que todos fracasaron: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica.

Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitaba a las organizaciones de la empresa privada conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas en contra el Acuerdo de Escazú (como por ejemplo esta carta de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense) y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» es la tónica de algunos en Costa Rica.

Centroamérica y el Acuerdo de Escazú

No está de más indicar que la no aprobación por parte de Costa Rica produce efectos más allá del territorio costarricense, al ofrecer un inesperado argumento a los detractores al Acuerdo de Escazú en Centroamérica, en particular en Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Se trata de Estados centroamericanos que ya sea:

• persisten en no ratificarlo como Guatemala, el cual además, en el 2022 notificó una peculiar solicitud al Secretario General de Naciones Unidas, nunca observada con anterioridad con relación a un tratado sobre derechos humanos por parte de un Estado en América Latina. El único precedente similar encontrado refiere a notificaciones similares remitidas por Estados Unidos e Israel a Naciones Unidas en el 2002 para «retirar» su firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 (Nota 7); 
• o bien, de Estados que tan siquiera lo han firmado (caso de El Salvador y Honduras). 

En el caso de Guatemala, no se dispone de información para saber qué motivó semejante acción en diciembre del 2022 por parte de sus autoridades diplomáticas: se intuye que se trata de alguna oscura «leyenda» fabricada por asesores jurídicos del sector empresarial guatemalteco a finales del 2022 en contra del Acuerdo de Escazú.

Con relación a Costa Rica, no está de más señalar que, en un artículo de la publicación especializada costarricense Ojo al Clima, de abril del 2021, sobre los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos, en relación con su contenido, se lee algo muy llamativo que desde el mes de abril del 2021,  ameritaría algunas aclaraciones. En efecto, la negociadora del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica, la exviceministra de Ambiente costarricense, Patricia Madrigal Cordero, señala con respecto a una magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, lo siguiente:  

Una «aclaración» dada a conocer por la precitada magistrada constitucional y grabada durante un evento académico en la Facultad de Derecho de la UCR, plantea aún más dudas y evidencia su desconocimiento de la normativa ambiental vigente en Costa Rica y de los principios que la rigen (véase este documental  del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú producido por la UCR, a partir del minuto 4:56). Se lee en la parte final de este documental (unos de los pocos existentes en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú)  una frase que inicia señalando que «La Magistrada Hernández declinó dar declaraciones para este documental…«, minuto 8:45).

A modo de conclusión

Más allá de  las extrañas coincidencias entre la UCCAEP  y las preocupaciones de la precitada magistrada constitucional, el hecho que, a  6 años de la apertura a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica se mantenga distante con este valioso instrumento plantea algunas interrrogantes muy válidas: su imagen  internacional en el ámbito ambiental ha resultado bastante dañada desde que la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, en el mes de febrero del 2023 (Nota 8). 

El deterioro se ha ido  confirmando en los últimos años, con autoridades ambientales sumamente cuestionadas en meses recientes. En una comparecencia  relacionada a la polémica del momento en este segundo semestre del 2024 en Costa Rica, Gandoca Manzanillo (Nota 9), la máxima autoridad ambiental el pasado 6 de agosto (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones frente a los integrantes de la comisión legislativa.  

En el ámbito local, son recurrentes las acciones judiciales ante la negativa de las autoridades municipales de entregar información de carácter público sobre proyectos susceptibles de tener efectos negativos para el ambiente (véase, entre muchos otros casos, enlace a esta reciente acción legal – septiembre del 2024 – interpuesta contra el alcalde de San Rafael de Heredia por la ONG Conceverde). Ello sin mencionar el otorgamiento en modo «express» e inconsulto de permisos municipales para proyectos polémicos en distintas comunidades (véase por ejemplo nota del 2016 sobre el otorgamiento de permisos municipales a una planta asfáltica en San Miguel de Santo Domingo de Heredia).

A pesar del espectáculo bastante particular que Costa Rica ofrece a observadores de la vida internacional interesados en cuestiones ambientales, los principios rectores del Acuerdo de Escazú encontrarán en Colombia un terreno fértil ante la apremiante situación que conocen muchos líderes ecologistas y jefes de pequeñas comunidades rurales y/o indígenas colombianas al alzar la voz en defensa del ambiente. Las autoridades ambientales colombianas materializaron en marzo de 2024 un esfuerzo por facilitar el acceso a información pública en materia ambiental, lo cual debería ser saludado y replicado en otras partes del continente americano. (véase publicación oficial titulada «Política de transparencia y acceso a la información pública«).  

Después de Chile, en donde también la cúpula político-empresarial había logrado suscitar temores infundados en contra del Acuerdo de Escazú, a partir de supuestos «argumentos» entre el 2018 y el 2021,  Colombia hoy se suma a los Estados en favor de una gobernanza ambiental mucho más inclusiva y participativa en América Latina.

Es de esperar que este sostenido esfuerzo de la sociedad civil colombiana, articulado con el sector académico y con otros sectores de la sociedad colombiana en favor del Acuerdo de Escazú (Nota 10), que logró paulatinamente explicar lo falaz que resultaban muchos de los mitos y leyendas creados en contra de la protección de quienes defienden el ambiente, se logre replicar en un futuro en otras latitudes del continente americano, en particular en Centroamérica, pero también en el Sur del continente.

– – Notas – –

Nota 1: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., “Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental“, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y algo voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: 

ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace;  así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs. Obra completa disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs.,  2020, Universidad del Litoral (Argentina). Obra completa disponible en este enlace. 

Nota 2: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Colombia a muy poco de ser oficialmente Estado Parte después de Chile (2022), Argentina y México (2021). Apuntes desde Costa Rica«, editada el 26 de octubre del 2022. Texto disponible aquí. 

Nota 3: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., » ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR),  16 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí. Con relación al carácter insólito del hallazgo hecho por el Poder Judicial, que al parecer no ha despertado mayores críticas en Costa Rica, remitimos al subtítulo «La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina» en nuestro artículo publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia, en su edición del 17 de noviembre del 2022.

Nota 5: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí. 

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: viento en popa. Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incopora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 10 de abril del 2023. texto disponible aquí. 

Nota 7: En una carta de las Naciones Unidas, se lee textualmente que Guatemala envió la siguiente notificación a Naciones Unidas el 20 de diciembre del 2022, en la que anuncia que no tiene intención alguna de ser Estado parte en el futuro. (véase parte baja de este enlace):

Los especialistas en paralelismos de forma podrán comparar la extraña carta de Guatemala del 2022 con la  (igualmente extraña) carta enviada por Israel al solicitar en el 2002 que su firma al Estatuto de Roma de 1998 que crea la Corte Penal Internacional (CPI) no surta efecto alguno. Se lee (véase parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones del Estatuto de Roma, punto 4) que:

El paralelismo de formas puede orientarse a la técnica del «cut and paste» al revisarse una carta similar de Estados Unidos en mayo del 2022, siempre a propósito del Estatuto de Roma y que se lee en el punto 14 en la parte final del estado oficial  de firmas y ratificaciones:

Nota 8: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior:

Varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à  la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia  internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«).  De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. 

Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa  de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.

Nota 9: Con relación a la última propuesta, algo ocurrente, de las máximas autoridades ambientales de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Gandoca  / Manzanillo: las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica«, editada el 11 de septiembre del 2024. Texto completo disponible aquí. 

Nota 10: Véase esta valiosa publicación editada en Colombia y titulada Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú, así como este enlace de la Universidad del Rosario, y, desde el sector académico este muy completo artículo  MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. El texto integral de este extenso artículo está disponible aquí. 

Desde el sector de la comunicación, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas” (véase enlace ), el cual responde a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de verdaderos mitos y leyendas, escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que cuentan con influyentes adeptos en el sector empresarial y relevos no menos influyentes en un sector de la prensa corporativa. No está de más referir también a esta opinión jurídica de la ONG colombiana DeJusticia a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en octubre del 2023 (véase texto).

Estado Actual del Cambio Climático

El aumento de la temperatura global es uno de los indicadores más claros del cambio climático. Desde la era preindustrial, la temperatura promedio del planeta ha subido aproximadamente 1.1 °C, y se prevé que este aumento continúe debido a la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades humanas que emiten gases de efecto invernadero. Estos gases atrapan el calor en la atmósfera, exacerbando los fenómenos meteorológicos extremos y alterando los ecosistemas a gran escala.

Entre los impactos más visibles del cambio climático se encuentran el derretimiento de glaciares, el aumento del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones, y la pérdida de biodiversidad. Estas alteraciones están llevando a muchas especies al borde de la extinción, y están transformando hábitats naturales en todo el mundo.

Cobertura Verde en la Antártida

En las últimas décadas, el calentamiento global ha permitido la aparición de algo inusual en la Antártida: el crecimiento de musgos y algas en zonas previamente cubiertas por hielo. Este fenómeno, conocido como la «cobertura verde», es el resultado directo del aumento de las temperaturas y el deshielo en la región.

A medida que las temperaturas se elevan y el hielo retrocede, nuevas áreas de tierra expuesta ofrecen condiciones más cálidas y húmedas que son propicias para la vegetación. Aunque estos cambios pueden parecer pequeños en comparación con otros efectos del cambio climático, tienen implicaciones significativas. La vegetación en crecimiento altera los ciclos del carbono, ya que las plantas capturan dióxido de carbono, y puede impactar el clima global al cambiar los patrones ecológicos locales.

Impacto en la Biodiversidad

El crecimiento de plantas en la Antártida también está afectando la biodiversidad de la región. Aunque solo existen dos especies de plantas nativas, Deschampsia antarctica y Colobanthus quitensis, ambas han mostrado un crecimiento acelerado en las últimas décadas. Este crecimiento podría alterar el equilibrio ecológico de la zona y tener consecuencias no solo para estas plantas, sino también para las especies que dependen de ciertos hábitats, como los pingüinos y las focas.

Especies Antárticas en Peligro

1. Pingüino Adelaida: Esta especie ha visto una disminución de hasta el 80% en algunas áreas debido a la reducción del hielo marino, lo que limita su capacidad de encontrar alimento.
2. Kril Antártico: Este crustáceo es un elemento clave en la cadena alimentaria de la Antártida. La reducción del hielo marino ha afectado negativamente su población, lo que a su vez afecta a ballenas, pingüinos y focas que dependen del kril como fuente de alimento.
3. Ballenas: Las ballenas, como la azul, están en riesgo debido a la disminución del kril, lo que compromete su alimentación y supervivencia.

Cambios en el Ecosistema Antártico

El crecimiento acelerado de las plantas en la Antártida también tiene el potencial de alterar la dinámica del suelo y facilitar la llegada de especies invasoras. Esto podría tener un impacto devastador en las especies nativas, que están adaptadas a condiciones específicas del hábitat. Además, el aumento de la vegetación puede intensificar la competencia por recursos, afectando a la fauna local.

Los científicos advierten que este fenómeno podría marcar un punto de inflexión ecológico para la región. Si estos cambios continúan expandiéndose a otras partes de la Antártida, podríamos estar viendo transformaciones rápidas y duraderas en su paisaje y biodiversidad.

Consecuencias a Largo Plazo

El cambio climático ha convertido a la Antártida en un laboratorio natural para estudiar cómo los ecosistemas frágiles responden al calentamiento global. La expansión de la vegetación en la región es un claro indicador de estos cambios, pero también es una advertencia de las profundas implicaciones que podrían tener para el resto del planeta. A medida que el calentamiento global continúa, es probable que veamos más transformaciones en este paisaje único y en otros lugares igualmente vulnerables.

La vigilancia y la investigación continuas son esenciales para mitigar los efectos del cambio climático y para proteger la biodiversidad y los ecosistemas de la Antártida y del mundo en general.

Sensorial Sunsets

En 1818, el implacable Capitán General José de Bustamante Guerra dejó el poder porque la Corona Española lo necesitaba en las filas de los Reales Ejércitos, y lo sustituyó Carlos Urrutia, un hombre de carácter débil, en cuyo gobierno los independentistas ganaron terreno. En 1820, el Rey de España, Fernando VII, se vio forzado a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812 por el golpe de Estado liberal liderado por Rafael del Riego. A consecuencia de ello, se implementó en Centroamérica la libertad de prensa. La Revolución de Riego, en España, restableció la vigencia de la Constitución de Cádiz. El Capitán General de Guatemala, Carlos Urrutia, juró la Constitución en julio de ese año y, poco después, se convocó a elecciones para elegir Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

1821: El Año Decisivo para la Independencia de Centroamérica

En ese mismo año, el Doctor Pedro Molina Mazariegos, líder de los criollos liberales, comenzó a publicar «El Editor Constitucional», periódico en el que se criticó al gobierno de la colonia, se defendieron los derechos de los centroamericanos y se promovió la independencia. En México, la revolución que había iniciado en 1810 había sido sofocada por las autoridades españolas, pero con el nuevo rompimiento del orden constitucional en España, se alzaron nuevamente las fuerzas criollas, esta vez de la mano del Conde Agustín de Iturbide, junto con otros alzados, declaró la independencia de España a través del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821 e incluso ofreció el trono de la Nueva España al Rey Fernando VII, dada su débil posición en el gobierno español en ese momento.

Esta noticia desconcertó a las autoridades de Guatemala y, a la vez, sirvió de estímulo a la causa independentista. El 9 de marzo, los liberales independentistas presionaron al Capitán General Carlos de Urrutia para que dejara el puesto, el cual fue ocupado por el Subinspector del Ejército, Gabino Gaínza, quien recién había llegado a Guatemala. Aunque inicialmente hizo del conocimiento público que no iba a tolerar movimientos independentistas, bajo su mando Centroamérica experimentó una agitación social de niveles intolerables que obligó a la diputación provincial y a los criollos aristócratas a solicitar a Gaínza una reunión para discutir el difícil tema de la independencia.

Independencia de Costa Rica: Desde 1821 al 2021

Doscientos años han transcurrido desde que América Central rompiera las cadenas que la unían a España. Nuestro país, junto con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, fue partícipe de aquel acontecimiento que le facultó para iniciar una era llena de esperanzas. Luego de que el 15 de septiembre de 1821 la familia Aycinena negociara la independencia de Centroamérica con el Capitán General Gabino Gaínza, se produjo una profunda crisis en León de Nicaragua.

Mientras que en la ciudad de Granada se realizó un cabildo con la presencia de autoridades españolas y el ayuntamiento criollo, declarando estar de acuerdo con la independencia de España, en la provincia de León reconocieron la independencia, pero bajo una serie de condiciones. Conocen esta declaración leonesa como el «Acta de los Nublados». La separación se llevó a cabo sin derramamiento de sangre. España, extenuada por la guerra contra los franceses y la que aún sostenía en América del Sur, no pudo ya intervenir en México ni en Centroamérica. La Revolución Liberal de Riego también contribuyó a que detuvieran en la Península a las tropas que estaban listas para embarcarse con destino a las colonias americanas.

Costa Rica en Espera: «Hasta Tanto se Aclaren los Nublados del Día»

Costa Rica se independizó del Imperio Español el 15 de septiembre de 1821, junto a las demás provincias de la antigua Capitanía General de Guatemala. La independencia, decidida en Guatemala, había pasado inadvertida para los costarricenses, que se enteraron por sorpresa de ella cuando llegó la noticia a Cartago el 13 de octubre de 1821, siendo gobernador el Capitán Juan Manuel de Cañas.

Junto con esta noticia de la independencia, llegó un documento fechado el 16 de septiembre de 1821, redactado por el Licenciado José Cecilio del Valle y firmado por el Capitán General Gabino Gaínza. También llegó otro documento conocido como el «Acta de los Nublados», redactado en León, Nicaragua, el 28 de septiembre de 1821.

El Acta de los Nublados declara la independencia con respecto a las autoridades de Guatemala de manera unilateral, sin hacer consulta alguna a los habitantes de la provincia. Además, se expresa el deseo de autonomía que ya había sido expuesto en 1812, cuando León aspiraba a convertirse en una Capitanía General. Sin embargo, la sección por la que es conocida el Acta parece establecer un «compás de espera», en caso de que el Rey Fernando VII decidiera enviar refuerzos para sofocar los movimientos independentistas.

El «Acta de los Nublados» expresaba el desacuerdo de la Intendencia de León (a la que pertenecía Costa Rica) con lo acordado por las autoridades de Guatemala, pidiendo a los costarricenses que esperasen «hasta tanto se aclaren los nublados del día». Esto reflejaba la incertidumbre sobre si los españoles revertirían la independencia.

En otros países como México y Perú, los españoles llevaban una vida holgazana gracias a las riquezas del país y al trabajo que les proporcionaban los indígenas. En Costa Rica, por la falta de minas, vías de comunicación, comercio y la escasa población, se vieron reducidos a la gran pobreza, y tenían que cultivar la tierra con sus propias manos para no perecer de hambre. La pobreza fue tal que a principios del siglo XVIII circuló el cacao como moneda debido a la escasez de plata.

Economía de subsistencia

Cartago, sede de los Gobernadores y capital de la provincia, en 1723 se componía de unas 70 casas de adobes y tejas, una iglesia mayor y tres ermitas; no había médico, ni farmacias, ni venta alguna de comestibles. Sin embargo, no debemos confundir esa pobreza con la miseria, ya que en la colonia no hubo miseria, y se puede asegurar que nunca las alacenas de los costarricenses estuvieron más llenas que en esa época. Si en Cartago, capital de la provincia, no había venta de comestibles, era precisamente porque no se necesitaban.

El labriego sencillo, producto humano de la colonia, vivía tranquilo y dedicado al cultivo de su parcela o solar, que le proporcionaba maíz, frijoles, yuca, trigo, tabaco, caña de azúcar y muchos productos más, necesarios para su subsistencia. Además, contaba con unas cuantas cabezas de ganado vacuno, porcino y caballar que le suministraban carne, leche y transporte. Era una economía típicamente casera.

Cuando otro documento menciona que en Cubujuquí, un pueblo que apenas contaba con 200 familias, había más de cien trapiches, esto demuestra que cada familia tenía su cañaveral y su producción de dulce. En cuanto a que en Cartago las casas eran de adobes y teja, era simplemente la moda de esa época. La pobreza en la colonia consistía principalmente en la carencia de lujo, dinero y falta de progreso. No existían vías de comunicación, el comercio era de escaso volumen y la industria casi no existía.

El impacto del café en la transformación económica

Es con la introducción del café, a finales de la colonia y principios de la independencia, que el panorama del país cambia totalmente. Con las ventas de café al exterior, el dinero comenzó a circular, aparecieron el lujo, las sedas, los casimires, las joyas y enseres para el hogar, entre otros. Se inició el progreso, pero al mismo tiempo surgió la miseria. El labriego vendía su solar a otros más emprendedores que empezaron a formar grandes haciendas de café, y pasó a convertirse en peón o asalariado, con la miseria correspondiente.

Es importante señalar que durante el periodo colonial no hubo en Costa Rica ningún movimiento de rebeldía contra el poder español. La vida económica, débil y limitada, no permitió la formación de clases poderosas que defendieran intereses ante los españoles. La propiedad, como se mencionó antes, estaba repartida, y cada familia disponía de su terreno para cultivar lo que necesitaba. Esta economía no permitió la creación de grandes centros urbanos. Los pequeños núcleos humanos que surgieron, como Cartago, Heredia, San José y Alajuela, eran pequeñas aldeas de vida lenta y sencilla. Estas razones explican que no hubiera un ambiente propicio para inquietudes políticas.

Fin de la colonia: La transición hacia la independencia

En Costa Rica no se sintió la opresión arbitraria de las autoridades españolas que en otras partes fue cruel e intolerable. Los españoles, aunque con algunas pretensiones, no se hacían sentir en la vida colonial, y los criollos disfrutaban de gran libertad y paz, sin interesarles el progreso de la colonia.

Nuestras autoridades coloniales, sobre todo en los últimos años, fueron hombres de bien, bondadosos patriarcas. Don Tomás de Acosta gobernó de 1797 a 1810. Durante la gobernación de Don Juan de Dios de Ayala, de 1810 a 1819, los vecinos de San José decidieron crear en 1814 un centro de enseñanza por suscripción pública, conocido como la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Para dirigirla se trajo a Don Rafael Francisco de Osejo, natural de Nicaragua. Se enseñaban Filosofía, Gramática, Teología, Moral, Lectura y Escritura. Anterior a este centro de enseñanza superior, la incipiente cultura rural solo contó con las escuelas de primeras letras, con sus modestos instrumentos de aprendizaje: La Cartilla y El Catón.

En términos generales, este era el panorama del país poco antes de la independencia. Sin embargo, es importante anotar que los principios liberales de la época ya habían sido acogidos por un grupo considerable de costarricenses, que si bien no pensaban en la independencia, sí tenían aspiraciones de progreso y libertad.

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Sensorial Sunsets

Características y Hábitat

La rana roja habita principalmente en los bosques lluviosos de montaña de Costa Rica, particularmente en áreas protegidas como los parques nacionales. Su cuerpo resalta por un patrón de colores aposemáticos: un vibrante rojo en el cuerpo y azul en las patas. Esta coloración no es solo un atributo estético, sino una advertencia clara para posibles depredadores sobre su toxicidad. La rana roja secreta sustancias venenosas a través de su piel, una defensa natural que la hace peligrosa de manejar sin precauciones adecuadas.

A pesar de su diminuto tamaño, la rana roja exhibe un comportamiento reproductivo fascinante. Los machos utilizan vocalizaciones para atraer a las hembras y luego se encargan de vigilar los huevos hasta que eclosionan. Una vez nacen, la madre transporta a los renacuajos individualmente, escondiéndolos en depósitos de agua en las axilas de bromelias, donde los alimenta con huevos estériles. Este método de crianza no solo es único, sino crucial para la supervivencia de la especie en su hábitat natural.

La Rana Roja: Importancia y Conservación

La rana roja no solo es un símbolo de la biodiversidad de Costa Rica, sino también un indicador de la salud de los ecosistemas de bosques lluviosos. A pesar de su abundancia relativa en ciertas regiones como las montañas de Sarapiquí y Tirimbina, la especie enfrenta desafíos significativos debido a la pérdida de hábitat, la contaminación y el cambio climático. Su redescubrimiento en el Parque Nacional Juan Castro Blanco en 2016, después de décadas sin ser vista, resalta la importancia de los esfuerzos de conservación y la investigación científica continua.

Los factores que contribuyeron a su reaparición incluyen condiciones climáticas favorables y la persistencia de los científicos en la búsqueda de hábitats adecuados. Este hallazgo no solo revitalizó la esperanza en la conservación de especies amenazadas, sino que también subrayó la necesidad urgente de proteger y restaurar los hábitats naturales de Costa Rica.

Retos y Futuro

Además de la rana roja, otras especies endémicas de Costa Rica enfrentan serios riesgos de extinción debido a la deforestación, el cambio climático y otras actividades humanas. Es esencial continuar con los esfuerzos de conservación y educación ambiental para asegurar que estas especies emblemáticas, como la rana roja, continúen prosperando en su hábitat natural.

En conclusión, la rana roja no solo representa la increíble diversidad biológica de Costa Rica, sino también la necesidad urgente de proteger y preservar los ecosistemas que sustentan esta biodiversidad. Su belleza, comportamiento único y papel crucial en los ecosistemas de montaña la convierten en un ícono de la conservación y una inspiración para futuras generaciones dedicadas a la protección del medio ambiente.

Costa Rica, con su compromiso con la sostenibilidad y la conservación, sigue siendo un ejemplo global de cómo la biodiversidad puede coexistir armoniosamente con el desarrollo humano, siempre que se tomen las medidas adecuadas para protegerla y respetarla.

Sensorial Sunsets

El mono congo o aullador (Alouatta palliata)

El mono carablanca (Cebus imitator)

El mono tití o ardilla (Saimiri oerstedii)

El mono araña o colorado (Ateles geoffroyi)

Estas criaturas arborícolas habitan en diversos ecosistemas, desde bosques secos hasta lluviosos, y se alimentan principalmente de hojas, frutos y flores, aunque algunas también consumen insectos y pequeños vertebrados.

Comportamiento Social y Adaptación

Los monos en Costa Rica son altamente sociales y muestran una variedad de comportamientos dentro de sus grupos, como jugar, pelear, comunicarse y acicalarse. Estos comportamientos fortalecen las jerarquías grupales y aseguran la cohesión social. Sin embargo, la pérdida y fragmentación de hábitat debido a la deforestación y urbanización los ha obligado a adaptarse de maneras preocupantes. Entre las adaptaciones observadas están:

• Desplazamiento Terrestre: Pasar más tiempo en el suelo en lugar de los árboles.
• Cambio en la Dieta: Consumir alimentos menos nutritivos.
• Cuidado de las Crías: Dejar a las crías solas para conseguir comida de los turistas.

Estas adaptaciones los hacen más vulnerables a depredadores y enfermedades, con especies como el mono araña siendo especialmente susceptibles debido a su necesidad de grandes extensiones de bosque intacto.

Los Monos de Costa Rica: Desafíos de Conservación

Las poblaciones de monos en Costa Rica han disminuido drásticamente. En 2009, se estimó que solo quedaban 104,000 individuos de las cuatro especies. Las principales causas de esta disminución incluyen:

• Pérdida y Fragmentación de Hábitat: Principalmente por deforestación y urbanización.
• Caza Furtiva y Tráfico Ilegal: Los monos son cazados y traficados como mascotas.
• Interacción Perjudicial con Humanos: La alimentación y el acoso por parte de turistas.

Especies como el mono araña están en peligro de extinción. Para enfrentar estos desafíos, se necesitan estrategias de conservación como la creación de corredores biológicos, la protección de cuencas, la educación ambiental sobre la importancia de los monos y la voluntad política y recursos para proteger la vida silvestre.

A pesar de los retos, hay historias de éxito. En áreas como Tamarindo, las poblaciones de monos han comenzado a recuperarse gracias a los esfuerzos de conservación y educación. Con un enfoque continuo en estas áreas, es posible asegurar la supervivencia a largo plazo de estas fascinantes especies.

Impacto del Ecoturismo en los Monos Carablanca

El ecoturismo, aunque vital para la economía y la concienciación ambiental, ha tenido un impacto notable en el comportamiento de los monos carablanca. En áreas con mayor desarrollo turístico, como el Refugio de Vida Silvestre Curú, estos monos han mostrado un alto grado de habituación a los humanos, lo que se manifiesta en:

• Menor Agresividad: Reducción de comportamientos agresivos o amenazantes hacia los humanos.
• Cambio en el comportamiento: Más tiempo dedicado a actividades como alimentarse y acicalarse en presencia de personas.

En contraste, los grupos que evitan áreas con actividad humana mantienen un mayor temor y evitan el contacto con los humanos. Esta habituación excesiva puede llevar a los monos a perder el miedo a los humanos e incluirlos en sus interacciones sociales, lo que podría ser perjudicial para su bienestar a largo plazo.

Sensorial Sunsets

Jueves 30 de mayo – 7:00 PM

Preámbulo presenta el ciclo «Formas: Melodrama»

«La vida invisible de Eurídice Gusmão» de Karim Aïnouz

Ficción, 2019

En el vibrante Río de Janeiro de 1950, dos hermanas inseparables, Eurídice y Guida, se enfrentan a la separación impuesta por su padre conservador. Mientras luchan por realizar sus sueños, su vínculo se somete a la prueba del tiempo, manteniendo viva la esperanza de reunirse nuevamente. Clasificación: Mayores de 15 años.

Viernes 31 de mayo – 7:00 PM

«Las hermanas Macaluso» de Emma Dante

Ficción, 2020

En la bulliciosa Palermo, cinco hermanas comparten un hogar marcado por el paso del tiempo y las experiencias vividas. A través de las diferentes etapas de sus vidas, estas mujeres enfrentan desafíos y celebran vínculos familiares inquebrantables. Clasificación: Mayores de 12 años.

Sábado 1 de junio – 4:00 PM

«Imitation of Life» de Douglas Sirk

Ficción, 1959

Lora Meredith, una actriz viuda, y su hija adolescente entablan una inesperada amistad con Annie, una mujer negra contratada como sirvienta. A medida que las vidas de estas mujeres se entrelazan, el amor, la pérdida y la identidad se entretejen en un emocionante melodrama. Clasificación: Para todo público.

Sábado 1 de junio – 7:00 PM

«All that Heaven Allows» de Douglas Sirk

Ficción, 2023

Una viuda de la alta sociedad encuentra el amor en un lugar inesperado: los brazos de su apuesto jardinero. Sin embargo, su romance enfrenta el escrutinio de la sociedad y la resistencia de su familia, desafiando las convenciones sociales y los prejuicios arraigados. Clasificación: Para todo público.

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