Ley de Pesca de Atún en Costa Rica
Ley de Pesca deLa «Ley de Pesca de Atún» en Costa Rica en 2025 se refiere a la Ley para recuperar la riqueza atunera (Expediente 21.531), firmada en 2022 y cuya reglamentación está pendiente tras una orden de la Sala IV en octubre de 2025.
La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó al Poder Ejecutivo emitir de forma urgente el reglamento de la Ley N.º 10304, aprobada en agosto de 2022. Esta ley establece nuevas disposiciones para el manejo del atún en aguas nacionales y busca fortalecer la actividad pesquera local.
El tribunal respondió a un recurso presentado por el abogado ambiental Walter Brenes contra el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por no haber completado el reglamento de la ley. Según la Sala, la falta de estas normas contraviene el principio de legalidad y el artículo 140, inciso 3, de la Constitución Política, lo que impide la correcta administración de los recursos atuneros.
La Ley 10304, abre la puerta para contener la extracción de tiburones: si se gestiona mejor el atún, habrá menos presión sobre especies en peligro de extinción.
Plazo para la reglamentación
La Sala dio un plazo de dos meses al MAG para coordinar con INCOPESCA y otras instituciones la elaboración y publicación del reglamento. En caso de incumplimiento, los jerarcas de la cartera podrían enfrentar sanciones legales.
Walter Brenes señaló que la regulación de esta ley también permitiría mejorar el manejo de especies marinas vinculadas a la pesca de atún, al reducir la presión sobre poblaciones que comparten el mismo ecosistema.
Principales disposiciones de la Ley 10304
La Ley 10304 declara el atún como recurso de interés público y activo estratégico nacional. Entre sus medidas destacan:
- Reserva de las primeras 80 millas náuticas de la Zona Económica Exclusiva para pescadores artesanales y de mediana escala, excluyendo a los barcos industriales de cerco.
- Requisito de que el atún destinado al mercado interno sea capturado por embarcaciones costarricenses.
- Eliminación de licencias gratuitas para flotas extranjeras, que serán reemplazadas por permisos pagados de 60 días, con obligación de desembarcar las capturas en puertos costarricenses.
- Creación de una flota atunera nacional, considerada de interés público, respaldada por un fideicomiso de 4.000 millones de colones para adquirir embarcaciones y arrendarlas a pescadores locales.
- Facultades para INCOPESCA de proponer y actualizar cada año el plan de pesca, definir métodos de captura y promover la comercialización de atún fresco y productos derivados.
- Establecimiento de un programa de observadores a bordo para verificar el cumplimiento de las normas, con multas de hasta el 25 % del valor de la embarcación en caso de infracciones.
Ley de Pesca: impacto en comunidades costeras
La ley busca que el aprovechamiento del atún genere mayor participación de pescadores nacionales y procesamiento en territorio costarricense, con el fin de impulsar empleo y encadenamientos productivos en zonas costeras.
La Sala Constitucional desestimó parte del recurso que cuestionaba las cuotas de pesca de la Comisión Interamericana del Atún Tropical y la cobertura de observadores en flotas de palangre, pero reafirmó la necesidad de completar el reglamento para que la ley pueda aplicarse plenamente.
La decisión del tribunal crea un marco para que la actividad atunera se desarrolle de acuerdo con la legislación vigente y permite que las comunidades costeras se beneficien de un uso más organizado de los recursos marinos.
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