En Costa Rica, a pesar de contar con un sistema de salud robusto, nos enfrentamos a una realidad alarmante: el 57,7% de las mujeres en edad reproductiva que dieron a luz entre 2016 y 2018 reportaron haber experimentado algún tipo de violencia obstétrica. Esta problemática no se limita al momento del parto, sino que persiste incluso después, antes del egreso hospitalario.

Un dato preocupante que surge del análisis es que los niveles de riqueza de las mujeres están estadísticamente asociados con la prevalencia de violencia obstétrica. Resulta sorprendente que a medida que aumenta el nivel de riqueza, también lo hace la declaración de violencia obstétrica. Esto nos lleva a reflexionar sobre las posibles disparidades de trato basadas en el estatus económico.

Agitación social y demandas de un cambio institucional

La violencia obstétrica no solo afecta la salud física de las mujeres, sino que también viola sus derechos humanos, reproductivos y su derecho a la no discriminación. Es imperativo abordar este problema para garantizar un entorno de atención médica que respete la integridad y los derechos fundamentales de las mujeres.

La lucha en contra de este tipo de violencia ha generado una agitación social significativa en Costa Rica. Diversas instituciones, como la Defensoría de los Habitantes, la Universidad de Costa Rica y la Sala Constitucional, han intervenido para abordar este problema de manera efectiva. La reciente denuncia penal presentada por la presidenta ejecutiva de la CCSS y la ministra de la Condición de la Mujer en respuesta a la muerte de Isabella ejemplifica la gravedad de la situación.

Derechos Maternos: Hacia una Atención Respetuosa

La trágica historia de Isabella, cuya madre denunció la negación de atención médica en el Hospital de Nicoya, destaca la urgencia de abordar la violencia obstétrica. Aunque los esfuerzos por salvarla fueron evidentes, su fallecimiento ilustra la necesidad de un cambio institucional para garantizar la atención adecuada a todas las mujeres, independientemente de su situación económica.

No quieren hacer nada disque porque el protocolo del hospital es que tengo que esperar a que mi bebé se muera porque ellos no pueden hacer nada. Y yo no quiero ni voy a permitir nada. Yo necesito que por favor alguien me ayude, porque yo necesito sacar a mi bebé de aquí

 Angie Herrera Guzmán, madre de la menor. 

Desde esta perspectiva, está claro que las actuaciones médicas, sobre todo cuando se trata de mujeres y la violencia obstétrica, evidencian la existencia de esta forma particular de dominación, discriminación y exclusión social. Es como un juego de poder en el que necesitamos más que reglas; hay que cambiar la relación entre el médico y la «paciente». También, no estaría nada mal volver a las raíces y usar esas prácticas antiguas que, con la salud en mente, permitan a la paciente pasar por esta etapa sin que la traten como si no importara, sin respeto y evitando ese trato frío, rudo y humillante que a veces viene con un desconocimiento obvio de la práctica médica. Es hora de poner un poco más de humanidad en el asunto y cambiar las reglas.

La negación del beneficio de prácticas y saberes tradicionales relativos al parto coloca a los profesionales de la salud cómo los únicos autorizados a intervenir en el cuerpo de las mujeres. La asimetría médico-paciente, entonces, se arraiga en las prácticas sociales. A su vez, la institucionalización de los procesos reproductivos desplaza a la mujer del rol protagónico en su propio embarazo, en el momento del parto e incluso durante el puerperio, lugar que pasa a ser ocupado por la autoridad del saber profesional.

Laura Belli

Violencia Obstétrica y el Derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes

Los tratos crueles, inhumanos y degradantes que experimentan las mujeres durante el parto y la atención obstétrica son inaceptables. Esto incluye abusos verbales o psicológicos, así como la negación de cuidados básicos. Desde una perspectiva de derechos humanos, es claro que la violencia obstétrica refleja una forma de dominación y discriminación que debe ser erradicada.

El Estado, al concentrar la atención de la maternidad en el ámbito médico, ha relegado el conocimiento tradicional de las mujeres, objetivándolas y diluyendo sus derechos como personas. Es fundamental cuestionar y transformar esta relación jerárquica, exigiendo el respeto a la mujer como sujeto de derechos durante el embarazo, parto y posparto.

En este contexto, la violencia obstétrica se convierte en una violación de derechos que va más allá de la salud, afectando la dignidad y la igualdad de las mujeres. Es hora de un cambio institucional y social que garantice un trato respetuoso, digno y libre de violencia obstétrica para todas las mujeres en Costa Rica.

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