La comunidad indígena Cabécar de China Kichá, ubicada en Costa Rica, se enfrenta a una devastadora realidad: los incendios provocados han destruido alrededor de 170 hectáreas de sus tierras en solo una semana. Estos actos criminales no solo representan una pérdida material significativa para la comunidad, sino que también amenazan su seguridad alimentaria y su forma de vida tradicional.

Cuatro incendios en una semana hicieron cenizas los cultivos de la comunidad indígena, la cual denuncia por cuarto año consecutivo fuegos provocados bajo orden de finqueros opuestos a sus recuperaciones.

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Incendios provocados destruyen cultivos de la comunidad indígena Cabécar de China Kichá

En medio de la desolación causada por las llamas, Eleonora Ríos y Greivin Fernández lograron rescatar apenas tres racimos de plátano y cuatro mazorcas de maíz de entre las cenizas. Los agricultores cultivaron banano, frijoles, yuca, cacao y una variedad de frutas en los terrenos, pero ahora solo queda un recuerdo carbonizado de meses de arduo trabajo.

Los incendios, que alcanzaron llamas de entre 5 y 7 metros de altura, han arrasado con gran parte de las 1.100 hectáreas que conforman el territorio indígena, según análisis satelitales. Los finqueros han provocado incendios en la comunidad durante el cuarto año consecutivo en respuesta a los esfuerzos de recuperación de tierras que la comunidad ha emprendido.

Katherine Ríos, una de las recuperadoras de Kono Jú, describe cómo la semana pasada perdió todo lo que había cultivado con tanto esfuerzo. Las frutas y plantas medicinales, esenciales para la subsistencia de la comunidad, se convirtieron en cenizas. A pesar de la devastación, Katherine expresa su determinación para volver a sembrar, aunque esta vez enfrenta un desafío aún mayor debido a la destrucción de la única fuente de agua de la que dependen.

Incendios Intencionales Amenazan la Seguridad Alimentaria de la Comunidad Indígena

Desde el 2018, los líderes y lideresas indígenas de China Kichá han estado luchando activamente por recuperar sus tierras, las cuales históricamente les han sido negadas. Sin embargo, personas han hostigado constantemente y han ejercido violencia contra su lucha, incluso mediante amenazas de muerte y agresiones físicas. Los incendios provocados son solo una táctica más en esta campaña de intimidación.

A pesar de las denuncias de la comunidad, las autoridades inicialmente culparon a los propios indígenas de iniciar los incendios, ignorando el patrón evidente de ataques sistemáticos. La falta de acción por parte de los bomberos y las fuerzas de seguridad ha dejado a la comunidad vulnerable y desamparada frente a estas amenazas.

Lamentablemente un terrible subregistro de personas que reciben amenazas y atemorizadas, se las guardan. Van a los tribunales y no se sabe si las causas fueron condenadas o desestimadas o si las personas conciliaron por temor a la demanda civil

Nicolas Boeglin, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

Únicamente en situaciones de homicidio, en las cuales las autoridades están obligadas a intervenir sin necesidad de denuncia, el registro podría reflejar con mayor precisión la situación real. Sin embargo, un obstáculo persistente es que en numerosas ocasiones, estos casos de muerte quedan sin resolver, como en el caso del líder indígena Sergio Rojas, donde nadie ha sido llevado ante la justicia como responsable.

Fuego y Desesperanza

La situación se agrava aún más por las dificultades que enfrentan los bomberos para acceder a la zona afectada. El protocolo de seguridad exige que la Fuerza Pública constate la situación antes de que los bomberos puedan intervenir, lo que resulta especialmente problemático dada la hostilidad que enfrentan en la comunidad.

Además de la pérdida de cultivos y la amenaza constante de violencia, la comunidad también se enfrenta a la destrucción de su medio ambiente. Los incendios han arrasado con áreas de reforestación y amenazan la biodiversidad de la región.

La situación solo refleja un problema más amplio de violencia y discriminación contra las comunidades indígenas en Costa Rica. A pesar de las condenas de organismos internacionales como las Naciones Unidas, el gobierno costarricense ha fallado en proteger los derechos y la seguridad de estas comunidades.

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